Donald Trump no respondió a la pregunta aquella tarde en el Despacho Oval ante el gobernador Ricardo Rosselló, que un mes después del ciclón acudía a Washington a pedir más ayuda para la reconstrucción. “¿Facilitaría la ayuda en casos de necesidad como el huracán María que Puerto Rico fuera un estado de la Unión?”, había interpelado al mandatario un periodista.

Los estragos causados por el ciclón y las fuertes críticas que ha recibido Trump por su tardía y desigual respuesta a Puerto Rico frente a la que dio a Texas y Florida, golpeadas también por sendos ciclones, pusieron a la isla en el mapa mediático y político de Estados Unidos y llevaron a Washington el debate existente desde hace décadas sobre su estatus jurídico.
Para muchos estadunidenses fue chocante ver la respuesta de Trump a la devastación del huracán María. Él, que tanto uso hace de Twitter, tardó por ejemplo cinco días en incluir el nombre de la isla en uno, y en vez de mostrar solidaridad con sus 3.4 millones de habitantes, habló de las malas infraestructuras y de la deuda que acumula un territorio prácticamente en bancarrota.

Tardó casi dos semanas en desplazarse allí, cuando a Texas y Florida fue a los cuatro días del paso de los huracanes. Y una vez en la isla, ante el gobernador Rosselló y autoridades locales que llevaban tiempo advirtiendo de una crisis humanitaria incipiente, les dijo que habían tenido suerte de no sufrir “una catástrofe verdadera” como el huracán Katrina.

Bajo la administración de Trump el trato diferencial se ha vuelto más palpable, pero se debe más a un cambio de retórica que a un cambio de sustancia”, dice Ricardo Barrios. El analista puertorriqueño del Inter-American Dialogue, uno de los think tanks más reputados de Washington, recoge así el malestar que existe entre sus compatriotas desde hace décadas. No ha comenzado con Trump. Dicen que se sienten tratados por Washington como ciudadanos de segunda o como si no fueran estadunidenses.

Lo cierto es que, según una encuesta publicada por The New York Times, más de la mitad del país (54 por ciento) desconocía antes de María que los puertorriqueños comparten con ellos la nacionalidad.

Otro ejemplo de que no se trata sólo de Trump: los mismos medios que recogían profusamente las críticas al mandatario por su respuesta a la emergencia en Puerto Rico dedicaron una menor cobertura a la isla que a Texas y Florida.

Casi 120 años después de pasar en 1898 del dominio español al control estadunidense, Puerto Rico sigue jurídicamente entre dos aguas. Como Estado Libre Asociado a Estados Unidos no es independiente, pero tampoco disfruta de todos los derechos políticos y económicos de los 50 estados.

Hay voces que achacan en parte a este hecho la crisis económica que arrastra desde hace una década y que, con una deuda superior a 70 mil millones de dólares ya antes de María, lo tiene en la bancarrota, con una tasa de desempleo que dobla la media estadunidense y una de pobreza de 45 por ciento.

Su condición jurídica ha impedido, por ejemplo, que pueda acogerse a las normas de protección en bancarrota a las que podrían acudir los 50 estados de la Unión para reestructurar su deuda si fuera ése su caso.

En mayo pasado la isla declaró finalmente la quiebra acogiéndose a la ley conocida como PROMESA que aprobó el Congreso estadunidense bajo la presidencia de Barack Obama y que ante la crisis fiscal, estableció una junta de supervisión allí.

Si fuéramos un estado, ya habríamos tenido toda la ayuda que Florida tuvo”, decía en una entrevista Jenniffer González-Colón, la representante de Puerto Rico en el Congreso, cuando tres semanas después del huracán María, casi 90 por ciento de la isla seguía sin electricidad y 29 por ciento, sin acceso a agua potable.

González-Colón ocupa el único asiento que tiene Puerto Rico en la Cámara de Representantes, pero éste es un asiento sin derecho a voto. En el Senado, Puerto Rico ni siquiera tiene una bancada de ese tipo. La isla tampoco vota en las elecciones presidenciales, aunque sí en las primarias de las que salen los candidatos a los comicios.

Puerto Rico, aunque tiene una Constitución propia y no paga impuestos federales, está supeditado a la ley estadunidense.

Y aunque tiene autoridad sobre su política interna, carece de ella en las relaciones exteriores.

En lo económico, ser un estado daría a la isla más acceso a fondos federales, entre otras cosas porque tendría voz y voto en el Congreso.

La experiencia muestra además que los dos últimos territorios en pasar a ser estados de la Unión, Hawái y Alaska, registraron un crecimiento económico medio de dos dígitos durante los diez años siguientes a su incorporación.

Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, año en el que España y Estados Unidos se enfrentaron en una guerra de la que el país europeo salió derrotado. En 1917 los puertorriqueños obtuvieron la nacionalidad estadunidense y en 1952 se aprobó la ley por la que la isla se convirtió en Estado Libre Asociado.

Marco Rubio, senador por Florida y voz de referencia en asuntos hispanos dentro del Partido Republicano, es de los pocos que se ha expresado abiertamente en la formación conservadora sobre el asunto.

Puerto Rico debería celebrar una votación respaldada federalmente con dos opciones: convertirse en un estado o no”, escribió en 2015, cuando aspiraba a ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2016 que después ganaría Trump.

Si la mayoría de los puertorriqueños vota sí, el Congreso y el próximo Presidente deberían respetar su deseo y hacer lo que sea necesario para admitirlo como estado 51”, añadió Rubio, que con un respaldo abrumador ganó en la isla las primarias republicanas.

En Florida, el estado por el que es senador, los boricuas son más de un millón y se cree que la cifra aumentará con el nuevo éxodo hacia suelo continental que se espera que tras el golpe del huracán se sume al que ha tenido lugar por la crisis en la última década.

En el Partido Demócrata, su presidente, el hispano Tom Perez, respaldó en junio la estadidad de Puerto Rico.

Fuente: Excélsior