En el más reciente episodio de la disputa del atún entre México y Estados Unidos, la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló en favor del vecino del norte, pero el país aún mantiene la capacidad de imponer sanciones comerciales a Washington para resarcir el daño causado a la industria atunera nacional, de acuerdo con el subsecretario de comercio exterior, Juan Carlos Baker.
“Todavía podemos aplicar las sanciones. Son procedimientos separados. No hemos perdido ese derecho. El otro procedimiento legal (el del último fallo) continuará y ya eventualmente nos dirán quién tiene la razón”, dijo Baker.
En 2008, México presentó un caso por prácticas discriminatorias en contra de EU por el etiquetado “dolphin-safe”, un sello que en ese país se daba a los productos de atún que fueron capturados de manera sostenible, pero que a México no se le ha otorgado, a pesar de que la pesca mexicana sí cumple con los estándares internacionales de pesca.
Ello, argumenta México, es discriminatorio y generó un daño para la industria atunera nacional. En 2013, la OMC falló a favor de México, al argumentar que la norma estadounidense iba en contra de las reglas de comercio internacional, lo que hizo que ese país modificara sus normas de etiquetado.
En 2016 la OMC falló otra vez a favor de México y determinó que las cambios a las normas de etiquetado hechas por EU fueron insuficientes, por lo que autorizó a México imponer sanciones a Washington por 163.23 millones de dólares para resarcir el daño generado a los atuneros nacionales.
Paralelamente, EU volvió a modificar sus normas de etiquetado y justo en este punto está la clave para entender porqué México puede todavía sancionar a Washington, ya que el último fallo de la OMC obedece a este cambio.
Esta última decisión de la OMC, admitió Baker, sorprendió a México. La Secretaría de Economía dijo apelará el último fallo. “No soy nadie para especular, pero es curioso que después de cuatro veces en que México ha ganado el caso, ahora, con todo el ambiente que tenemos, resulta que EU ganó”, dijo.
Dado que el fallo no es definitivo, México mantiene el derecho de suspensión de beneficios en contra de EU por la incompatibilidad de las modificaciones de las reglas de etiquetado de atún de 2013, hasta que no se confirme definitivamente en apelación, que con las modificaciones de 2016 ese país cumple con las normas, apuntó.
La ‘batalla del atún’ entre México y Estados Unidos comenzó desde la década de los 90, cuando Estados Unidos puso restricciones a las importaciones del alimento proveniente de México alegando daño a los delfines.
En las aguas orientales de la zona tropical del Océano Pacífico es frecuente que por debajo de los grupos de delfines que nadan en la superficie del mar se desplacen bancos de atún aleta amarilla. Cuando el atún se pesca con redes de cerco, los delfines quedan atrapados en ellas, y muchos de ellos mueren si no son liberados de las redes.
La Ley de Estados Unidos contiene medidas de protección de los delfines que deben cumplir tanto su flota pesquera como los países cuyos barcos pesquen atún aleta amarilla en esa parte del Océano Pacífico. Si un país exporta atún a los Estados Unidos y no puede demostrar a las autoridades estadounidenses que ha cumplido las normas de protección del delfín que establece la propia legislación estadounidense, el Gobierno dicta el embargo de todas las importaciones.
Ante las medidas tomadas por Estados Unidos, México recurrió a la Organización Mundial de Comercio acusando medidas discriminatorias al no otorgarle a sus pescadores la etiqueta ‘Dolphin Save’, que permite su venta en territorio estadounidense.
En 2011 la OMC falló favorablemente a favor de México, señalando que los requisitos de etiquetado impuestos por Estados Unidos a las importaciones de atún mexicanas violaban normas de comercio internacionales.
Esto confirmaba que México cumplía con los lineamentos en materia de protección a los delfines.
En enero del año siguiente Estados Unidos apeló ante la OMC, pero en mayo el organismo internacional determinó que debe permitir acceso a las exportaciones de atún mexicano, ratificando que el sello ‘Dolphin Safe’ se le negaba a productores de México de forma discriminatoria.
Tras perder el caso, Estados Unidos modificó sus reglas en 2013 pero la OMC dijo que no era suficiente y que México seguía siendo injustamente tratado, lo que dio lugar a la resolución de permitirle fijar sanciones comerciales.
Estados Unidos volvió a cambiar sus reglas en 2016, ampliando las restricciones a todos los países.
Ese mismo año, México solicitó a la OMC autorización para imponer sanciones comerciales por la disputa tras los fallos a favor.
En abril de 2017, un árbitro de la OMC resolvió que México podría imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos.
Las sanciones permitidas son de apenas una tercera parte de los 472.3 millones de dólares que México había solicitado y que planeaba imponer a importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense.
Más tarde, Estados Unidos argumentó que había hecho lo suficiente para ajustar sus leyes y solicitó una exención de las normas de la OMC por razones de conservación ambiental.
Como respuesta, este jueves, la Organización Mundial de Comercio falló en contra de México debilitando su reclamo de sanciones comerciales en contra de Washington.
A esto, la Secretaría de Economía contestó que apelarían el fallo, argumentando que no coincide con su razonamiento jurídico. (VALENTE VILLAMIL. EL FINANCIERO)