La disputa provocada por las aspiraciones independentistas de algunos catalanes ha alcanzado un punto álgido en España, después de que el gobierno central tomara el paso drástico de anunciar la remoción de los líderes independentistas de la región.

Muchos piensan que la situación nunca debió haber llegado a este extremo pero, como así sucedió, la culpa puede repartirse entre muchas personas. Además, es probable que se presenten peores obstáculos en el que se percibe como un camino precario y profundamente incierto para esta democracia europea.

El sábado, tras anunciar sus medidas de emergencia, el presidente Mariano Rajoy asestó un fuerte golpe a su principal antagonista en la disputa, Carles Puigdemont, el líder de Cataluña, y mencionó que “no se pueden hacer las cosas peor” en la región.

Sin embargo, los analistas señalan que Rajoy también es culpable por haber permitido que el conflicto se saliera peligrosamente de control y porque la solución que escogió está lejos de ser definitiva.

La crisis actual respecto al estatus de Cataluña es el resultado de que todas las partes involucradas han tomado malas decisiones durante años, lo cual ha resultado en que no solo los catalanes, sino todos los españoles, estén frente a un desafío importante para el consenso democrático del país.

“Se requieren errores de ambos lados para enredarse en una situación tan difícil e indeseable”, afirmó Pabló Simón, un profesor de política de la Universidad Carlos III de Madrid.

Simón aseguró que los independentistas catalanes incumplieron la Constitución española, pero “el gobierno central pudo haber buscado un diálogo político y de este modo haber alcanzado a más catalanes moderados”.

“Entre la defensa feroz del statu quo en España y la declaración de la autodeterminación, hay muchas áreas grises que simplemente dejaron de ser exploradas”, agregó Simón.

En Cataluña, una región con su propio idioma y cultura, el independentismo se ha presentado desde hace un siglo. En 1930, fue uno de los factores que sumió a España en la guerra civil, a la cual siguió la extensa dictadura del general Francisco Franco.

No obstante, en 1975, después de la muerte del dictador, Cataluña respaldó la Constitución Española. De la mano de los políticos en Madrid, los políticos conservadores catalanes actuaron como un amortiguador en contra de los partidos más pequeños que defendían el secesionismo.

Sin embargo, no se calmó el deseo de tener una identidad diferente. Hábilmente, los catalanes intentaron alcanzar una mayor autonomía en 2006 llegando a un acuerdo que se aprobó en un referéndum catalán —así como por legisladores españoles y catalanes—, el cual pudo haber prevenido la crisis actual que plantea demandas aún más extremas.

Sin embargo, en 2010 el Tribunal Constitucional de España rechazó parte de ese texto después de que el Partido Popular —la agrupación política que respalda a Mariano Rajoy— se opusiera de forma vehemente.

En cada uno de los episodios subsecuentes del conflicto, Rajoy y Puigdemont –así como el antecesor de este, Artur Mas– se atrincheraron y se dedicaron a intercambiar golpes y arrinconarse al realizar promesas incompatibles.

Una parte considerable del impulso que llevó al país a la crisis fue el deseo de ambos hombres, quienes representan a una base política muy distinta, por salir bien parados.

Rajoy en particular no podía darse el lujo de parecer débil. En sus decisiones, más allá de Cataluña, tenía en la mira el resto de España, donde una postura firme le había permitido reclamar un liderazgo nacional que había quedado en riesgo en 2016, después de dos elecciones nacionales inconclusas que se desarrollaron en medio de importantes escándalos de corrupción del partido gobernante.

El independentismo catalán también ha permitido que Rajoy enganche al principal partido de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, en un compromiso para defender la unidad española.

Por otro lado, Puigdemont sacó ventaja al prometer a los catalanes una independencia que no necesariamente dejaba de ser una ilusión al encontrarse dentro de una Unión Europea comprometida a defender a sus Estados miembro ante cualquier movida considerada como rebelión en alguna de las regiones del continente.

Esta dinámica hizo que la brecha creciera de manera constante.

En septiembre, Rajoy prometió que en Cataluña nunca habría un referéndum ilegal para votar por su independencia, mientras que Puigdemont le dijo a los votantes catalanes que eso sí pasaría.

El 1 de octubre, casi 2,3 millones de votantes desafiaron los intentos de la policía española para detener esa votación, declarada inconstitucional por las cortes, al acudir a las casillas y respaldar de manera abrumadora la independencia, pese a que el referéndum se realizó sin garantías legales y que la mayoría de los ciudadanos catalanes que se oponían a la secesión lo boicoteó.

Después del referéndum, Puigdemont y Rajoy se enfrascaron en una serie de amenazas.

Hasta que el 20 de octubre Rajoy puso en marcha lo que Ernesto Ekaizer, un periodista radicado en Madrid, describió como “un bulldozer” para aplastar el independentismo.

Al recurrir al artículo 155 de la Constitución Española, Rajoy busca destituir del cargo a Puigdemont y otros líderes separatistas, y convocar a unas nuevas elecciones regionales dentro de seis meses.

El artículo 155, una disposición redactada con vaguedad en la Constitución que nunca ha sido aplicada, en efecto permite que el gobierno central desmantele la autonomía de una región que “atente gravemente al interés general de España”.

En un artículo de opinión que se publicó el domingo en Ara, un periódico separatista catalán, Ekaizer advirtió que la intervención de Rajoy podía ser contraproducente y no haría más que agravar la situación.

En efecto, en este tipo de situación, el camino que sigue por delante es traicionero.

Los catalanes ya votaron por un Parlamento regional donde la mayoría de los legisladores apoyan la independencia, aun sin haber ganado la mayoría de los votos de la región. No hay muchas razones para creer que el resultado de una nueva votación vaya a ser diferente.

Rajoy y los tribunales españoles podrían estar tentados a prohibir los partidos separatistas y a sus políticos. Sin embargo, esto podría servir para profundizar lo que muchos catalanes perciben como una estrategia cada vez más represiva con la cual Madrid estaría intentando imponer a los legisladores que quiere en Cataluña.

Es probable que el viernes 27 de octubre el Senado español, con mayoría del partido conservador de Rajoy, otorgue al presidente español la aprobación para sus medidas de emergencia.

Por otro lado, esta semana, el Parlamento catalán se reunirá para revisar la que Puigdemont llamó una decisión que busca “liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia”.

Aunque es vasto el abismo que hay entre las dos partes, no es insuperable.

Puigdemont aún podría impedir la aplicación del artículo 155 si decide llamar a unas nuevas elecciones, y así se anticiparía a Rajoy. Igualmente podría hacer que sus legisladores separatistas votaran por una declaración unilateral de independencia, como ha amenazado en días recientes.

“Estamos llegando al fin de un juego de póquer en el cual los dos jugadores ya han enseñado sus cartas ganadoras, pero en realidad no las han puesto sobre la mesa”, afirmó Antón Costas, un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. “Así que, sin importar lo mal que se vean las cosas, todavía hay una última oportunidad de que no haya declaración de independencia ni artículo 155”, comentó.

Sin embargo, es fácil perder de vista esta desviación del camino debido a la velocidad con la que se ha desenvuelto la crisis en Cataluña. Cada vez que se desestima una oportunidad para detener el conflicto solo se agranda la brecha entre ambas partes.

En 2012, al mismo tiempo que se producía la crisis global financiera y el colapso del sector bancario en España, los reclamos por el rechazo de una mayor autonomía se convirtieron en demandas catalanas para que esta región próspera tuviera un mejor acuerdo fiscal, pero fueron rechazadas por Rajoy.

Ese desaire orilló al gobierno de Cataluña a acoger un proyecto independentista, el cual ganó apoyo entre la gente. Incluso después de que España salió de la recesión a fines de 2013, el movimiento a favor de la independencia se movía a todo vapor.

Desafiando a los tribunales y al gobierno de España, en 2014 se celebró una votación no vinculante por la independencia a la cual siguieron las elecciones regionales de 2015, en las que una alianza de partidos independentistas ganó la mayoría de las curules del Parlamento catalán, pero tan solo el 48 por ciento de la votación.

Desde entonces, Puigdemont ha utilizado las evasivas de Rajoy para justificar la unilateralidad de su proyecto independentista, bajo leyes que se elaboraron dentro de Cataluña en sustitución de las españolas.

Rajoy no negoció antes porque tal vez supuso que “las demandas de independencia estaban relacionadas con los problemas económicos y se evaporarían una vez que se terminara la crisis”, señaló Simón, el profesor de la Universidad Carlos III.

En la actualidad, Rajoy se comprometió a utilizar la “herramienta lógica” del artículo 155, a pesar de que hacerse del control de Cataluña es “una operación muy riesgosa que puede provocar la desobediencia de los servidores públicos y resistencia pacífica por parte de los ciudadanos”, agregó Simón.

No obstante, Rajoy ha ganado un apoyo significativo de todos los partidos para su estrategia en Cataluña, afirmó Luis Garicano, uno de los líderes del partido de centroderecha Ciudadanos, el cual ha sido un acérrimo aliado de Rajoy en contra del independentismo catalán.

“No es buena noticia que las cosas hayan llegado hasta aquí, pero una muy buena noticia es que hay mucha unidad entre las fuerzas constitucionales, en especial con los socialistas”, señaló Garicano.

“No hay certeza de qué nos depara el camino”, agregó Garicano. “Pero lo peor habría sido que Rajoy hubiera intentado actuar mínimamente ahora y hubiera fracasado”.

Fuente: NYTimes