Axel Escalante, de 34 años, recorre lo que hasta hace unas horas fue su hogar: un amplío departamento en la colonia Condesa que lo acogió desde que llegó hace tres años de Guadalajara, Jalisco para desarrollar su carrera de actor. Tiene miedo de que alguna de las paredes colapsen o se terminen de romper, pues el lugar quedó inhabitable después del sismo del pasado 19 de septiembre. Hoy como el día en que llegó, debe empezar otra vez.

Al igual que Axel se está adaptando y superando la tragedia, la Ciudad de México tiene que limpiar los escombros y comenzar su recuperación.

El reto es no repetir errores del pasado, procurar que los damnificados regresen lo antes posible a la normalidad; prepararse ante una posible eventualidad y reconstruir una ciudad habitable.

Expertos en materia de desarrollo urbano coinciden en que después de atender lo inmediato (instalación de albergues para atender a las personas sin hogar, demoler los edificios caídos y responder a las necesidades básicas como comida, cobijo y atención médica) se debe comenzar aprovechar la oportunidad para reconstruir una ciudad sustentable, segura, compacta y con perspectiva de derechos humanos.

“Tenemos una oportunidad histórica muy importante en donde si la aprovechamos, podemos tener una mejor ciudad. De la desgracia tendríamos que sacar algo bueno y éste es el momento para hacerlo y no repetir los errores que cometidos en el 85”, dice el arquitecto Homero Hernández, académico de la Universidad La Salle.

El objetivo de la reconstrucción es hacer una ciudad habitable, es decir, que las personas que la habitan tengan acceso no sólo a los servicios básicos (como agua y luz) sino que su entorno sea seguro, que tenga áreas para recreación y que sea sustentable.

“Una ciudad no solamente es conjunto de edificios y de casas, ni tampoco de calles y edificios. Está compuesto de áreas habitables. Es un barrio donde tengas un jardín público, la placita donde puedan ir a jugar los niños, en donde las escuelas sean seguras, donde puedan llegar los niños caminando, son lugares donde tienen relativamente accesibles otros servicios básicos de comida, papelería, tintorería”, explica Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM.

Para empezar a desarrollar esta ciudad, lo primero que hay que hacer es una planeación a largo plazo que no responda sólo a lo que se está viviendo tras el sismo, sino que tome en cuenta las necesidades de cada localidad, las posibilidades de riesgo y mecanismos de resiliencia, es decir, de su capacidad de superar desastres naturales y eventualidades

“(Tenemos) que hacer una planeación territorial que considere los distintos riesgos en una ciudad y generar los instrumentos (por ejemplo los atlas de riesgo), que sean amigables para que las secretarías puedan planear al respecto”, comentó Arnoldo Matus, oficial de Resiliencia de la CDMX, en una entrevista otorgada a Expansión, días antes del sismo que sacudió la capital del país.

En este aspecto, los expertos señalan que se debe hacer una diagnóstico que contenga la realidad de la ciudad, dónde se puede construir, cómo, y a partir de ahí empezar programas de desarrollo que cumplan con las necesidades propias de cada localidad.

El arquitecto Hernández sugiere impulsar la cultura de los seguros, pues así como aseguramos nuestros coches, sería una muy buena práctica asegurar las viviendas. Actualmente sólo 8.6% de los hogares está protegidos ante sismos, de acuerdo con el Monitor Inmobiliario, elaborado por Realty World Mexico.

“Deberían ser viables, debería ser exigencia de la ley y el gobierno apoyar con subsidios a estos seguros”, comenta el experto al asegurar que un porcentaje de la población es la que tiene asegurada su vivienda, y depende si tienen un crédito hipotecario.

Axel Escalante  temía en cada paso que daba en el departamento que fue su hogar.

En este rubro, también se debe procurar el tema de la producción de bases de datos actualizadas, de atlas de riesgo, de una plataforma que contengan la información que cada una de las delegaciones y colonias debe tener sobre las construcciones, el suelo y el censo de las personas y crear protocolos adecuados para cada caso especifico.

Para esto, Javier Delgado dice que se necesita mucha coordinación y voluntad política de las distintas secretarías involucradas a nivel local, municipal, estatal y nacional.

De acuerdo con Hernández, un error que se cometió después del sismo del 85 fue proveer de casas a los damnificados en la periferia de la ciudad, lo que generó problemas de movilidad y que muchas de estas viviendas fueran ineficaces. Por eso ahora, señala, este nuevo episodio se puede tomar como una oportunidad para hacer más densa la ciudad y que todo esté conectado de una mejor manera.

Una vez que se tengan los diagnósticos y planes de desarrollo con visión a un futuro lejano, toca plantear la forma en que se reconstruirán las edificaciones que sufrieron daños severos durante el sismo.

En este caso, los expertos en urbanismo hacen dos recomendaciones: generar mecanismos de polígonos de actuación y actualizar esquemas de producción de la vivienda.

El primero, explica el arquitecto Homero Hernández, consiste en revalorizar las zonas dañadas y que las ganancias obtenidas sean para las personas que fueron afectadas y no para el gobierno o las inmobiliarias.

El académico pone como ejemplo que en el caso de un edificio colapsado en la colonia Condesa, éste que puede incrementar su valor si se cambia el tipo de suelo o se construye un nuevo inmueble con otras medidas de seguridad.

De acuerdo con Hernández, esto daría mayor recuperación a los propietarios que perdieron la construcción en sus predios al ser ellos los beneficiados de esta nueva edificación, en lugar de vender a una inmobiliaria que verá sólo ganancias para ellos.

“Si compró un basurero, es porque es un terreno que está degradado, pero si yo le cambio el uso de suelo, lo limpio, le meto infraestructura, automáticamente el precio de la tierra se vuelve muchísimo mayor, ahí es donde puede venir esa recuperación de patrimonio”, señala.

En el caso de los esquemas de producción de vivienda, Delgado comenta que debe haber un mecanismo para trasladar este proceso a institutos (como Infonavit o Fovissste) dedicados a resolver la demanda social y no dejarlo todo en manos del sector privado, cuyo negocio está preparado únicamente para recuperar ganancias.

Aunque hay muchas voces que abogan porque se haga una revisión del Reglamento de Construcción de la Ciudad, los analistas no lo consideran una prioridad, pues señalan que aquellos que cumplieron con lo planteado en la norma, en cambio, los que no cumplieron al 100% con estos lineamientos, resultaron más dañados.

“(Es una corresponsabilidad) del gobierno en cumplirlo y de la sociedad civil en exigirlo. Tenemos que ser responsables sobre qué son las cosas que son exigibles. Hay muchas lagunas en esta exigibilidad y la aplicación”, dice Delgado.

Al igual que la libertad de expresión, de estudio o de pensamiento, el derecho a una vivienda, a la transportación, a un espacio público que mejore la calidad de vida, es una de las garantías que se deben cumplir.

La Constitución de la Ciudad de México es la primera a nivel local en incluir este término que prevé dotar a cualquier persona de los elementos necesarios de habitar una ciudad. También es la primera en tener una Agencia de resiliencia –que se creó justo un día antes del temblor– y que plantea propuestas para atender desastres naturales.

El colectivo #Epicentro, integrado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, señalan que el proceso de reconstrucción no puede centrarse exclusivamente en el entorno físico, debe contemplar la perspectiva integral, incluyente y accesible del hábitat.

“Debe abarcar las edificaciones –viviendas, edificios, escuelas, hospitales, centros de trabajo, espacios públicos, patrimonio tangible —la infraestructura y servicios– vías de comunicación y transporte, terminales aéreas, marítimas y terrestres–, y la maquinaria, equipamiento y mobiliario”, señaló el colectivo en un comunicado.

Los expertos y miembros de organizaciones consideraron que todos estos elementos de reconstrucción deben de realizarse bajo una perspectiva de derechos humanos, para evitar situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.

“En dicho proceso todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad y pro persona. (…) Las empresas –privadas o productivas del Estado– involucradas en el proceso de reconstrucción deben respetar los derechos humanos”, afirma #Epicentro.

Fuente: Expansión