“Cometer una injusticia es peor que sufrirla”
Aristóteles
Negligencia, corrupción, impunidad, ausencia de imparcialidad, violación a los Derechos Humanos, olvido… las causas del desastre en el sistema de procuración de justicia son interminables; obstáculos para la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio.
Nos consumimos en debates sobre personas: ¿quién debe ser el Fiscal General de la República?; ¿cuáles, los atributos de quienes se encargarán de perseguir delitos?…
Pero el problema no es de personas sino la suma de vicios y deficiencias estructurales que tienen a la justicia maltrecha; colapsada.
La PGR nació chueca; se creó como una instancia con objetivos políticos y no de justicia; se diseñó para perseguir a los enemigos del sistema y proteger a los amigos del poder. El árbol torcido de la procuraduría no da sombra a las víctimas del delito sino a quienes tienen dinero y poder para comprar la ley.
Por eso no importa si el próximo fiscal nacional pueda ser Superman; si es alguien incorruptible con toda la experiencia, decisión y buenas intenciones. De nada servirá tener al mejor piloto si le entregamos un coche con el motor desvielado.
Eso deja en claro la “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia”, coordinada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias penales (INACIPE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y el Consejo Naci0nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El documento, trabajado durante ocho meses por académicos, jurisconsultos, universitarios, expertos judiciales, derecho-humanistas y organizaciones civiles, concluye que el esquema actual de procuración de justicia es un desastre; que está en crisis por descuido, resultado de responsabilidades confusas y diluidas; pone en evidencia graves problemas en la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, todo lo cual ha alimentado, hasta la obesidad, la desconfianza ciudadana.
Del tamaño de la enfermedad debe ser el remedio.
La consulta referida recomienda un nuevo modelo investigación judicial; inversión para el desarrollo de personal especializado; delimitación de capacidades y atribuciones de las diferentes procuradurías del país; evitar la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar a la delincuencia organizada; poner fin a la saturación de los reclusorios… y lo más importante, rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para elaborar de una eficiente política pública frente a la realidad criminal.
Para lograr todo esto, los expertos apuntan la necesidad de casi cincuenta reformas constitucionales, a nivel federal y estatal, que permitan reemplazar el andamiaje desvencijado de las procuradurías y adoptar un Código Penal único.
Nada de eso existe y parece no apremiar a quienes nos gobiernan. El aparato oficial y su partido, obsesionados con mantener el poder, son el principal obstáculo para lograr el cambio reclamado por la sociedad vulnerada que espera una respuesta mínima de sus autoridades. Para nuestros gobernantes resulta más urgente y rentable evadir obligaciones, cubrirse las espaldas, proteger sus intereses y echar la basura bajo el tapete; que no quede huella, que no y que no…
¿Entonces, primero lo urgente y después lo importante?
EL MONJE OLVIDADIZO: La memoria es atributo de la mente humana; proceso misterioso; lugar donde se guardan los recuerdos; potencia del alma. Pero… perder la memoria no siempre es acción involuntaria. Por ejemplo, en estos tiempos revueltos, olvidar que hacer con la PGR y las víctimas de la injusticia resulta perverso; pretexto idóneo para esquivar responsabilidades; para sólo recordar que lo mejor es patear el bote… y olvidar las consecuencias.