Los demonios andan sueltos…
El debate senatorial para restituir o destituir al fiscal electoral es en un desastre institucional de proporciones inéditas; ha provocado una crisis.
Mientras PAN, PRD y PT-Morena exigen que la votación sea abierta para decidir si Santiago Nieto se va o se queda, el PRI la quiere secreta.
Ante el desacuerdo, la oposición paraliza el Senado; el partido tricolor alega un chantaje que pone en riesgo la aprobación de la Ley de Ingresos, la cual debe quedar lista el próximo martes; de paso, el PRI aprovecha para incitar a la malquerencia popular hacia los legisladores de los partidos obstinados en perjudicar al país; negocio redondo para el partido en el poder.
También se evidencia la estrategia del PRI para agotar el plazo de diez días que marca la ley para ventilar el debate, y entonces sí no habría vuelta atrás para la destitución del fiscal incómodo.
No le busque. Quien saldrá ganando esta partida será precisamente el PRI y quien haya ordenado al procurador Alberto Elías Beltrán cesarlo de manera fulminante, por el delito de violar el debido proceso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por haber recibido dinero del consorcio Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo cual, de confirmarse, sería un delito electoral de graves consecuencias.
El PRI advierte que, si el fiscal electoral es restituido, descalificará su actuación de aquí a la elección de 2018. En caso contrario, si Santiago Nieto se queda sin chamba, la crisis sería mayúscula; nada garantiza un acuerdo entre partidos para designar a un sucesor; la confrontación provocaría un enorme vacío en el proceso electoral.
Pase lo que pase, el escándalo de Santiago Nieto dejará daños imposibles de resarcir. El desaseo del procurador interino Alberto Elías Beltrán, al acomodar severa patada en el trasero del fiscal electoral, y la mente maquiavélica de quien ordenó la destitución –porque la PGR no se maneja sola– ha provocado una crisis que implica la pérdida de la capacidad operativa de una institución creada con autonomía técnica y operativa para conocer las denuncias y procesar a delincuentes electorales. Es ingenuo pensar que esto no tendrá consecuencias.
El debate sobre la falta de Santiago Nieto está abierto, no hay consenso sobre la presunta violación al debido proceso cometida por el fiscal; no parece haber revelaciones de datos sensibles que hayan puesto en peligro la investigación en contra de Emilio Lozoya.
La múltiple explicación de la PGR para justificar la remoción de Santiago Nieto por lo menos resulta sospechosa. De entrada, se argumentó que Santiago Nieto “trasgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la PGR”. En declaración posterior, Elías Beltrán afirmó que el funcionario violentó la estricta reserva de los actos de investigación por hacer públicos diversos hechos y datos relativos a investigaciones seguidas en la FEPADE y con ello infringió la presunción de inocencia y dio elementos para que se argumente la violación al debido proceso.
El hecho es que el Gobierno Federal cometió un grave error al cortar la cabeza de quien investiga uno de los casos más escandalosos de los últimos años y que ha sido sospechosamente manejado por la PGR, cuando la corrupción de Odebrecht cimbra las estructuras de poder de una decena de países latinoamericanos, en nuestro país se apuesta por el silencio. La señal es ominosa.
No cabe duda: Alberto Elías Beltrán abrió la caja de pandora.
EL MONJE DOMÉSTICO: El PRI tiene todo muy bien planchadito, tal y como el quien manda quiere; no transitará la idea de la oposición para quedarse con su propio “fiscal carnal”; hasta se menciona que el catedrático Alejandro Porte Petit González, Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales de la FEPADE, quedará al mando de la institución que conoce al dedillo. De hecho, Porte Petit concursó por la titularidad de la FEPADE contra el propio Santiago Nieto, hace tres años.