La Secretaría de la Función Pública (SFP), la titular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios encubren a ningún servidor público en el caso Odebrecht, afirmó tajante Arely Gómez González.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública resaltó que nunca encubrirán a nadie.
“Ahora bien, espero durante el encargo, durante el tiempo que permanezca en este cargo, poder siempre responder a esta gran responsabilidad. Y le quiero decir y señalo lo mismo, no encubriremos a nadie”, dejó claro.
Al responder al diputado de Morena, Rogerio Castro Vázquez, dijo que si tuviera conocimiento de que alguien de la SFP «estuviera tratando de hacer alguna actitud fuera de la ética con las que nos debemos constituir, inmediatamente iniciaría el procedimiento administrativo y la denuncia correspondiente».
Gómez González agregó que para la dependencia que encabeza la competencia que les otorga la ley es enfocarse en las irregularidades administrativas, es decir, las que sean cometidas por servidores públicos o por las empresas.
Con base en los resultados que se obtengan del análisis de dichas irregularidades, se dará vista ya sea a la Procuraduría General de la República si son delitos, posibles actos constitutivos de delitos; o también al Tribunal de Justicia Administrativa, que ve las faltas graves de acuerdo a la nueva Ley General de Responsabilidades.
La funcionaria indicó que “la corrupción viene de años atrás, de varias décadas, simple y sencillamente es que ahorita gracias a las redes sociales, a todas las tecnologías nuevas nos damos más cuenta porque en un segundo se difumina todo y esto es benéfico para la sociedad”.
Por otra parte, indicó que en lo que va de la actual administración federal se han investigado 24 denuncias en contra de secretarios de Estado, 33 contra subsecretarios y mil 745 en contra de directores generales de la Administración Pública Federal.
“Quedan en estudio, en investigación 14 por ciento, 55 por ciento concluyeron por archivo y en 30 por ciento se inició un procedimiento administrativo correspondiente”, dijo y puso a disposición de los legisladores el registro de servidores públicos sancionados que tiene la dependencia.
Detalló que es un sistema electrónico a través del cual los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades y otras autoridades competentes inscriben y actualizan las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos.
Ello, agregó, con la finalidad de evitar la selección, la contratación, nombramiento o designación de personas que se encuentren inhabilitadas, así también para poder proporcionar antecedentes.
Apuntó que la cantidad de sanciones impuestas ha presentado un decremento con relación al anterior informe y en eso estamos ahorita actualmente trabajando.
Por Encuentro Social, Alfredo Ferreiro, sostuvo que su bancada sí reconoce el esfuerzo que se ha hecho en la dependencia federal, que admitió es nueva y ha tenido también sus limitaciones.
Por Movimiento Ciudadano, Claudia Sofía Corichi, sostuvo que el papel de esta institución resulta indispensable, no sólo por la entrada en vigor del sistema nacional anticorrupción, sino por las preocupantes cifras de corrupción e impunidad en nuestro país.
Fuente: Crónica