La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Amela solicitó hoy un informe sobre el tráfico de llamadas realizadas por los cuatro investigados por un delito de sedición, en las semanas previas y durante la celebración del referendo independentista considerado ilegal en Cataluña el 1 de octubre.

En concreto, la magistrada pide que se identifiquen los números de teléfono del jefe de la Policía catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, la intendente de ese cuerpo Teresa Laplana, así como de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ambos en prisión sin fianza desde el pasado lunes.

En su petición a la Guardia Civil, Lamela requiere también que se pida a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos por los cuatro acusados entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, días en los que se desarrollaron los hechos por los que están siendo investigados.

La magistrada quiere conocer con qué personas, y si entre ellos mismos, se efectuaron comunicaciones esos días, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes para la investigación, según informaron fuentes jurídicas.

Lamela envió el pasado lunes a prisión sin fianza a los líderes de ANC y Òmnium Cultural acusados de «promover» el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, durante una operación para impedir la celebración del referendo del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo dejó en libertad, con medidas cautelares, a Trapero y a Laplana, aunque la Fiscalía solicitó después ampliar la investigación a la actuación del jefe de los Mossos el día de la consulta ilegal.

En el marco de estas nuevas diligencias de investigación, Lamela pidió el martes a la Policía catalana la identificación de los agentes que intervinieron en el dispositivo para impedir la consulta, su número profesional y qué actuación llevaron a cabo.

En cuanto a las actividades de los dos líderes independentistas encarcelados, solicitó también información a algunas entidades financieras acerca de los movimientos bancarios de las cuentas de las dos organizaciones que dirigen.

La juez requirió todos los datos relativos a las cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con esas entidades así como la identificación de los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias.

Fuentes fiscales descartaron que la Fiscalía pidiese próximamente la imputación de ANC y Òmnium Cultural en tanto que las personas jurídicas no pueden ser investigadas por un delito de sedición (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo).

Sin embargo, reconocieron que se está investigando a las asociaciones para ver si han sido utilizadas con fines ilegítimos y delictivos que pudieran derivar en una suspensión de actividades.

Fuente: Milenio