La defensa de César Duarte acusó a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade, de haber violentado el derecho de presunción de inocencia del ex gobernador de Chihuahua, porque sin mediar una sentencia firme, le atribuyó la responsabilidad de una conducta delictiva.
Milenio tiene copia de un documento que distribuyó la defensa, en el que menciona que Nieto señaló como culpables a Duarte y a otras personas relacionadas con el PRI y, por lo que ha interferido en la autonomía e independencia de las autoridades judiciales que en su momento libraron la orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal.
En el documento firmado por la defensa se enumera que el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, a través de diversas conferencias de prensa, entrevistas, comunicados o en su cuenta personal de twitter violentó el derecho humano de presunción de inocencia de César Duarte, así como de diversos miembros del PRI, toda vez que hizo de conocimiento público lo siguiente:
«1) El día 15 de junio del año 2017: que investiga la responsabilidad de César Duarte; 2) El día 20 de junio del 2017: que solicitó a un juez federal una orden de aprehensión contra Duarte, por el delito de peculado electoral, por el desvío de más de 79 millones de pesos presuntamente retenidos a servidores públicos para transferirlos al partido PRI; 3) El día 23 de junio de 2017: que dicho día se celebró la audiencia inicial contra César Duarte, y que no asistió; que el juez le solicitó ampliar información para librar orden de aprehensión en su contra», entre otros.
Asimismo, que el 30 de junio del presente año se libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador y que el 5 de julio se solicitó ficha roja a la Interpol; además, que 13 de septiembre se pidió la extradición de Duarte.
«Dando como consecuencia el reconocimiento de que si bien Santiago Nieto Castillo es titular del derecho de libertad de expresión contemplado en el artículo 6 de la Carta Magna, también lo es que en su carácter de servidor público tiene el deber básico de (i) no violar los derechos de las demás personas al ejercer dicha libertad fundamental, tomar decisiones como servidor público, apegando su conducta a lo que marca la ley y los valores institucionales, enmarcados en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y actuar conforme a criterios de justicia y equidad, sin distinción por motivos personales», detalla el escrito.
Dicho actuar de Nieto, abunda el escrito, viola los principios de imparcialidad, igualdad y respeto que integra la investidura de todo servidor público, en virtud de que no le ha dado a César Duarte (y a diversos colaboradores) un trato igual a todas las personas.
«Siendo un trato con distinción negativa por condenarlo públicamente sin existir una sentencia definitiva, sin ser amable, cordial, tolerante y respetuoso de los derechos o facultades que la ley establece, y que al mismo tiempo repercutió en los actos de investigación, obstaculizando la investigación, y entorpeciendo la labor del Ministerio Público en la prevención y persecución del delito, violando la intimidad de las personas involucradas en las investigaciones a su mando en razón del principio de presunción de inocencia, pasando por alto su deber de confidencialidad», indicó.
Fuente: Milenio