La economía de Cataluña vive en estas últimas semanas sus más duros momentos. Unas 540 empresas de esta comunidad autónoma han decidido cambiar su sede social y fiscal fuera de Cataluña desde el pasado 2 de octubre, justo un día después de celebrarse el referéndum independentista ilegal.

Algunos cálculos apuntan a que este doloroso éxodo empresarial puede suponer la salida también de unos 2.000 millones de euros menos de recaudación fiscal para la Generalitat, al margen de una pérdida de proyección inversora para los empresarios y una imagen muy negativa para los mercados.

Pero como ocurre casi siempre, todo es susceptible de empeorar. Las grandes empresas que han abandonado en los últimos días Cataluña para situar sus domicilios sociales en otras provincias ajenas a esta comunidad autónoma, como CaixaBank o como Banco Sabadell, que han instalado sus cuarteles sociales y fiscales en Valencia y Alicante, respectivamente, o como Gas Natural, que ha llevado su sede social a Madrid, podrían también trasladar sus centros operativos.

Una declaración en firme de la independencia unilateral de Cataluña por parte de Puigdemont en los próximos días supondría toda una provocación que las empresas catalanas no podrían soportar. Llegadas a este extremo su única medida de fuerza para contener el dique independentista sería llevarse también sus sedes operativas fuera.

Esta medida supondría otro muy duro golpe para la imagen y economía de Cataluña, ya que llevaría consigo el desplazamiento o la destrucción de un gran número de empleos. De momento, que se sepa, ninguna compañía ha hecho públicas estas intenciones, aunque eso no signifique que no esté redactada en su plan de contingencia.

Ya se ha reprochado a la banca que no actuara antes para alertar sobre el proceso independentista y que no trasladara su domicilio social. “Por eso no se pueden permitir otro error de cálculo”, señala un ejecutivo financiero, y añade “tienen que tener todo planeado, incluso llevarse la sede operativa, aunque no quieran reconocerlo ahora”.

Está claro que las principales empresas catalanas que han trasladado su sede social, y sobre las entidades financieras encabezadas por CaixaBank y por Banco Sabadell, no tienen intención de instalarlas de nuevo en Cataluña en un futuro ni tan siquiera lejano. “Es una medida permanente”, aseguraban el pasado 6 de octubre fuentes de la firma que preside Jordi Gual.

Tan permanente que CaixaBank como Sabadell ya tienen previsto celebrar varios consejos de administración fuera de Cataluña. Los primeros serán la semana próxima, reuniones en las que ambas entidades tienen previsto aprobar los resultados del tercer trimestre.

Sabadell, además, ha reconocido que irá desplazando algunas direcciones a Madrid, donde ya cuenta con varios centros operativos y personal, y Alicante, provincia en la que además de situar su sede social y fiscal cuenta con infraestructura proveniente de la antigua CAM, adquirida por el banco en 2012, y de Solvia, su plataforma inmobiliaria cuyo centro neurálgico está situado allí.

Una de las direcciones que va a desplazar Sabadell a Madrid es de la regulación financiera, pero no será la única.

La inseguridad jurídica y política que se vive en Cataluña hace muy complicado que estas entidades puedan desarrollar sus funciones con normalidad en varios años, pese a que esta semana Puigdemont dé marcha atrás en sus intenciones independentistas. “Ya nadie se fía de su vecino. El ambiente se ha enrarecido demasiado. Tendrá que pasar tiempo para que podamos asimilar lo que ha pasado y olvidarlo. Eso en el mejor de los casos”, comentaba la semana pasada un pequeño empresario catalán.

El 6 de octubre, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, reunió a unos 300 directivos del banco para explicar las razones por las que se había decidido trasladar el domicilio social y fiscal a Alicante. “Yo nacía en Sabadell, estudié en Estados Unidos, y trabajé en Madrid. Ahora vivo en Barcelona y jamás he pensado en regresar a vivir a Sabadell”, recalcó en este acto ante la pregunta de un directivo interesado en si la medida de cambiar la sede era o no transitoria.

Esta respuesta puede también resumir el ambiente y las intenciones del empresariado catalán y de los clientes, sobre todo bancarios, que en menor medida que hace unas semanas, pero que aún siguen pidiendo a su banco que trasladen sus cuentas fuera de Cataluña. Los más enfadados, y son muchos, han cambiado de entidad y han elegido una que no tenga su origen en Cataluña. Algunos se consideran defraudados porque creen que su banco de toda la vida ha tardado mucho en trasladar su sede, o en explicarle los posibles peligros que podían existir si se quedaban más tiempo en esta comunidad autónoma si se independiza.

El director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, ya explicó la semana pasada que en unos días la entidad ha recibido 7 millones de euros de cuentas de clientes provenientes de entidades catalanas que han decidido cambiar de banco y han optado por uno limítrofe. Son nuevas cuentas abiertas en unos días, una cifra muy elevada para la Rural de Teruel, según reconoce el propio directivo (esta institución gestiona 1.300 millones de euros en depósitos). Y ha reconocido que “hay preocupación” entre los ciudadanos.

Pérez Cebrián aseguro en rueda de prensa el pasado 10 de octubre que entre los que preguntaban para abrir cuentas había independentistas.

Fuentes de CaixaBank y de Sabadell aseguran que desde que anunciaron el cambio de sede social “casi” se ha frenado la salida de depósitos de sus oficinas hacia otros bancos, aunque reconocen que se mantiene el traslado de cuentas de Cataluña a oficinas limítrofes, las conocidas como cuentas espejo.

Otras fuentes aseguran que durante estos últimos días la actividad de retirada de efectivo en los cajeros está siendo bastante mayor que en otros fines de semana.

Habrá que ver el próximo desenlace de la declaración independentista y su posterior suspensión realizada por Puigdemont. “Pero aunque se declare la celebración de próximas elecciones la desconfianza y la inseguridad jurídica se ha instalado en Cataluña, y será complicada restaurarla en poco tiempo. Habrá que pasar años hasta que se consiga”, declara un ejecutivo financiero que prefiere mantener el anonimato.

Fuente: El País