El Congreso de Puebla endurecerá el reglamento de operación para servicios de transporte ejecutivo, tras el caso de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien abordó un automóvil de la empresa Cabify antes de desaparecer.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Mario Rincón González, dijo que se analiza la creación de una plataforma espejo que sería manejada por la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Movilidad (SIMT), donde se reúna información de cada conductor que trabaja en estas empresas.
“Ya he hablado con el subsecretario de Transporte, Alberto Vivas, y estamos pensando en hacer una plataforma espejo a cargo de la secretaría. Pero que su operación sea al minuto, al instante, para que sepamos en dónde están los choferes”, indicó.
A la fecha, aseguró, existen cinco empresas que reúnen a 11 mil unidades que prestan el servicio de transporte a través de aplicaciones en el teléfono móvil. Easy taxi, Uber y Cabify son las más conocidas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad, Julián Rendón Tapia, consideró que la lista de conductores de estas empresas debe ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para que se compruebe que no han sido procesados por un delito previo.
“Hace falta que se legisle y que sea una obligación que la Fiscalía tenga acceso a la información de los choferes. Así puede prevenir sobre antecedentes penales o si han estado ligados a otras investigaciones”, refirió.
A la par, el legislador consideró que los servicios ejecutivos como Uber y Cabify deben adoptar nuevas medidas de seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia.
Rincón González opinó que los choferes deberían ser sometidos a un examen de control y confianza, similar al que se aplica a los cuerpos de seguridad pública y a los vigilantes de empresas privadas.
“El servicio tiene demanda y el número de unidades ha crecido en consecuencia. Vale la pena que se invierta en medidas de seguridad. Debemos tener más control y, si fuera necesario, las pruebas de confianza son una opción”, reiteró.
Como requisitos, Uber y Cabify solicitan a sus choferes una carta de antecedentes no penales y una prueba psicológica. La documentación se acompaña de una certificación de seguridad en línea que permite revisar los antecedentes automovilísticos de la unidad que se intenta registrar como prestadora de servicio. Al momento de su contratación, los conductores también son sometidos a una prueba de toxicología.
Fuente: 24 Horas