Tras una investigación interpuesta por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) hace al menos siete meses, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) citó a declarar a la dueña del Colegio Enrique Rébsamen.
Fuentes de la dependencia informaron que el Invea inició en febrero pasado una indagatoria en contra de Mónica García Villegas por uso de suelo presuntamente falso en Rancho Tamboreo 19, sin embargo fue hasta esta fecha cuando se giró el citatorio correspondiente para la dueña del colegio donde murieron 26 personas, 19 menores y 7 adultos.
En el caso de esta escuela ubicada en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, también se inició una investigación de oficio por la muerte de las personas tras el sismo.
Por su parte la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, interpuso una demanda contra funcionarios de las administraciones de Higinio Chávez y Maricela Contreras por dejar que en los hechos avanzara la construcción de un departamento en el cuarto piso del inmueble y que incluso esta última gestión fue avisada de que dichas obras afectaron la estructura del edificio que se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre.
La delegada expuso una cronología de hechos jurídicos en torno a la escuela y concluyó que a pesar de que en 2010 la administración del ex delegado Higinio Chávez ordenó demoler una obra en el cuarto piso que correspondía a un gimnasio, en los expedientes de la demarcación no hay evidencia de que se haya subsanado esta irregularidad.
Luego, en octubre de 2013, la dueña Mónica García Villegas quiso hacer obras con un aviso al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones que se refiere a obras menores como remodelación, el cual fue rechazado por la dirección de Obras y Desarrollo Urbano y para enero de 2014 la dirección general de jurídico y Gobierno supuestamente clausuró la escuela para que no siguiera ninguna obra.
«El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos. En teoría dicha construcción estuvo clausurada por 11 meses y con eso se cierra el expediente. Lo que encontramos en el expediente jurídico es verdaderamente indignante, indignante», señaló la delegada y cuestionó que el expediente se cerrara con el pago de una multa de 21 mil pesos.
La Procuraduría informó que las dos investigaciones continúan en proceso de integración y que posiblemente la dueña podría ser citada a declarar en otra ocasión.
Fuente: El Universal