Benjamín Torres Uballe
Sentarse a escribir representa para este columnista, la gran mayoría de las veces, una tarea placentera, además de catártica. Hoy no es así. El ambiente de pesadumbre y dolor que impregna la tragedia provocada por los sismos de los días 7 y 19 de este mes resulta francamente perturbador.
Los cientos de muertos, los millares de heridos y damnificados, sumados a las miles de viviendas y edificios colapsados, desgarran el alma. Saber que aún hay personas atrapadas bajo toneladas de escombros estruja los sentimientos sin descanso. Estar consciente que millares de familias mexicanas duermen en los albergues o en las calles con el terror a flor de piel por las constantes y numerosas réplicas es una angustia que abarca los lugares más recónditos del corazón y la mente.
Sólo testimoniar la grandeza de la sociedad mexicana, mirarla salir de inmediato a solidarizarse de manera incondicional con las víctimas, sirve como bálsamo en el alicaído ánimo. Cientos de miles participan en las labores de rescate, en el suministro de alimentos y herramientas, y también para que funcione la logística. Una acción decidida y loable de los ciudadanos de a pie, de quienes menos tienen, de aquellos que no les importó arriesgar la vida. Es el palpitar de una comunidad heroica que nuevamente está por arriba de un gobierno incapaz, medroso, demagogo y corrupto.
Y en medio de la catástrofe, la repudiada clase política se muestra plenamente como es y ha sido: voraz, mezquina, insolidaria y letalmente perniciosa. Un lastre. Por eso fue echado literalmente a patadas, de una zona afectada en la Ciudad de México, el delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, perteneciente a Morena. Pero también ha sido denunciada y exhibida en las redes sociales la ruindad de Graco Ramírez Garrido Abreu, el gobernador perredista de Morelos, y su esposa, quienes pretenden lucrar políticamente con la ayuda enviada a los dañados por el sismo del martes 19.
No existe la menor duda: A México siempre lo rescata de los infortunios su pueblo, tal como sucedió en el devastador terremoto de 1985, o cuando ha sido necesario por los efectos de los recurrentes huracanes. Es costumbre que los gobernantes se refugien en el silencio cobarde, la inacción, o en el discurso barato y, sobre todo, en los incesantes pero infructuosos viajes a las regiones perjudicadas; preparados, eso sí, para que los cubran legiones de reporteros y fotógrafos.
Hoy, presionados por amplios sectores sociales, los partidos políticos y sus respectivos dueños aún dudan en renunciar totalmente a los inmorales e injustificados financiamientos. Éstos, por cierto —resulta indispensable aclarar—, no son “donaciones”, como algunos vivales dirigentes de las jugosas franquicias políticas han hecho creer a la opinión pública. Es dinero del erario proveniente mayormente de los impuestos que pagamos los contribuyentes. ¿Cuál donación?
Por ningún lado se ve la solidaridad de la alta burocracia, que todos los días se beneficia de los cargos públicos y, cuando hablamos de apoyo a connacionales dañados por los terremotos, se trata de ayuda en serio, no de ofensivas, migajas mediáticas y populacheras. No. Se trata de intenciones sanas, auténticas y de valía; lo demás no sirve, como en nada sirve que se pretenda sacar raja política de esta desgracia septembrina.
Tampoco los integrantes del Congreso han dado muestras contundentes de apoyo a la población afectada. Senadores y diputados que se enriquecen con las famosas dietas, bonos, aguinaldos, percepciones especiales por pertenecer a comisiones y toda la amplia gama de prerrogativas que reciben —sin contar los “negocios” que celebran desde esas posiciones— deben aportar de sus cuantiosos ingresos y de los presupuestos de las respectivas Cámaras en favor de los afectados.
De los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, y menos de los consejeros del INE se ha dado a conocer que estén dispuestos a renunciar sustancialmente a sus exorbitantes salarios e inmerecidos privilegios, o a sus elevadísimas partidas presupuestales para ayudar. Tal como se ve, la solidaridad no se democratiza. Todo indica que es responsabilidad exclusiva de las clases sociales menos favorecidas, que en lo último que piensan es en algún beneficio económico o material.
La tragedia no ha pasado. Es una pesadilla cuyas secuelas dibujan desde ya un panorama dantesco para un número muy alto de mexicanos que deberán enfrentar la ineficacia gubernamental. Cientos o quizá miles de horas para recuperar documentos, gestionar engorrosos trámites y particularmente recuperar sus patrimonios y casas. Así que no caben mezquindades, ni comportamientos aviesos de político o funcionario alguno. México se encuentra en una de las situaciones más complicadas de su historia moderna y deberá salir adelante con la grandeza de su gente, con la inquebrantable voluntad y generosidad que, está visto, carece de límite.
En la Ciudad de México ya aparecieron los primeros indicios de las corruptelas en varios de los edificios colapsados y dañados. Autorizaciones para construir que no debieron otorgarse, malos diseños y materiales inadecuados o de mala calidad están presentes. ¿Investigarán o dejarán en la impunidad estas conductas criminales? A ver cómo actúa Miguel Ángel Mancera, pues el cochinero está a la vista y ocasionó muchas muertes y pérdidas de patrimonios.
@BTU15
