Los miembros de la legislativa Asamblea Nacional y de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Venezuela, podrían enfrentar la cárcel si prosperan las acusaciones de traición a la Patria.
Los miembros de la oposición al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, algunos diputados de la Asamblea Nacional y otros dirigentes de la MUD, podrían acabar en la cárcel a un mes de las elecciones para gobernadores en 23 estados.
La acusación ya había sido esgrimida semanas atrás por el oficialismo, y este lunes fue el lema que encabezó la marcha antiimperialista integrada por seguidores gubernamentales.
Tocó a Alejandrina Reyes, ministra del Poder Popular para la Cultura, pedir al Ministerio Público una investigación penal contra los miembros de la oposición.
Se investigaría «la presunta violación de normas de ordenamiento jurídico consagradas expresamente en nuestra Carta Magna, el Código Penal venezolano y otras leyes vigentes en la República”, dijo en el acto principal de la marcha.
Citó el artículo 130 de la Constitución que indica que “los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la Patria, sus símbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.”
Precisó que los opositores han cometido acciones apátridas frente a bloques internacionales y gobiernos extranjeros.
La demanda coincidió con el anuncio de que los comicios para elegir a los mandatarios de los 23 estados que conforman Venezuela se efectuarán el 15 de octubre próximo, aunque originalmente debieron de realizarse en diciembre de 2016.
Los partidos opositores celebraron el pasado domingo elecciones primarias para elegir a sus candidatos, en medio de un desacuerdo sobre si participar o no en el proceso.
Los dirigentes opositores tienen la meta de que reducir el número actual de gubernaturas en poder del oficialismo, 20 del total de 23.
En diciembre pasado la MUD logró hacerse de la mayoría de la Asamblea Nacional, y ahora pretende hacer lo mismo en las gubernaturas locales.
Fuente: Crónica