El gobierno federal usa «empresas fantasma» para desviar recursos millonarios, indicó Animal Político, el cual ha detectado contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos.

En un reportaje titulado «La estafa maestra», el medio digital indicó que, a través de 11 dependencias, el gobierno ha utilizado una y otra vez el esquema de las empresas ficticias para desviar recursos.

«Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones «, apuntó.

Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, «pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen».

«En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya», detalló.

El fraude «es más sofisticado» del usado por Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, hoy procesado por diversos delitos, ya que el gobierno no entrega directamente los contratos a las firmas, sino que utiliza como intermediarias a ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, señala el reportaje.

«Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio», añade el informe.

La publicación indicó que este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, «la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma».

«Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido», indicó la publicación.

Fuente: Milenio