Benjamín Torres Uballe
En México, los políticos nunca tienen la culpa de sus atrocidades y negligencias. Excepto que, llenos de soberbia y estupidez, se atrevan a desafiar al establishment, o de plano se conviertan en objeto de oscuros deseos con el propósito de cobrar venganza. Los casos recientes de Javier y César Duarte, Roberto Borge y Tomás Yarrington ilustran de manera puntual ese accionar.
Lo anterior viene a colación por las acusaciones mutuas entre la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y las autoridades del gobierno capitalino por el caso del Colegio Enrique Rébsamen, colapsado durante el sismo de la semana pasada. Esto se debe a que salieron a la luz graves anomalías en la construcción de ese plantel escolar que evidencian presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de los permisos correspondientes, tanto para edificar como para funcionar.
Inicialmente, las sospechas y la animadversión popular cayeron de lleno sobre la virtual candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. No obstante, con el transcurrir de los días empiezan a conocerse las “conductas” indebidas de otras dependencias, como es el caso del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), cuyo titular, Meyer Klip, en principio aseguró que la dueña del Rébsamen habría obtenido un amparo del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, con el cual la escuela pudo seguir operando a pesar de haber presentado un certificado falso de uso de suelo. La presidenta del Tribunal refutó y exhibió la mentira de Meyer, quien admitió el “error”.
Claudia Sheinbaum se deslindó hábilmente —léase: escurrió el bulto— de los señalamientos que inculpaban a la demarcación a su cargo de la tragedia en la institución educativa, donde perecieron 19 alumnos y 8 adultos. Los ojos están puestos en Meyer Klip, un cuestionado funcionario local y sus huestes que no tienen la mejor fama. El servidor público deberá comprobar ante su jefe y la opinión pública que actuaron con estricto apego a derecho en las autorizaciones y la supervisión al plantel escolar, lo que de plano se antoja imposible.
Por otra parte, lo que resulta incontrovertible es que en las construcciones “nuevas” que se derrumbaron en varias colonias de la ciudad capital a consecuencia del temblor de magnitud 7.1 no sólo hubo cemento y varillas, también sobrada corrupción y voracidad criminal de las compañías constructoras. Hoy se sabe que se utilizaron materiales de mala calidad, lo cual no es de extrañar, pues lo que privilegian ese tipo de empresas son las utilidades, no la calidad.
Así que tampoco extraña la denuncia penal interpuesta por el delegado de la Benito Juárez, Christian von Roehrich, en contra de las dos empresas constructoras responsables del colapso de los edificios ubicados en Zapata 56, colonia Portales, Canada Building Systems de México S.A. de C.V., y Bretaña 90, colonia Zacahuitzco, Dijon S.A.P.I. de C.V., cuyo objetivo es que paguen e indemnicen a cada uno de los propietarios y afectados. Eso está muy bien. No obstante, hay muchas preguntas por responder.
Por qué razón las autoridades de esa demarcación no descubrieron durante la edificación de ambos inmuebles que “las dos construcciones tienen responsabilidad plena al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad, situación por la cual se violaron diversas disposiciones legales, derivado de esta situación se puso en riesgo la vida de personas y sus bienes”, como lo afirmaron al presentar la querella. ¿Es únicamente para curarse en salud?
El deleznable intercambio de culpas entre los políticos de cualquier nivel sólo confirma una vez más que lo que les importa verdaderamente es su imagen mediática. Escurrir el bulto, pues, como se dice coloquialmente, y es ahí precisamente donde radica la impunidad y el afán de solapar a funcionarios en sus negligencias, incapacidades y corruptelas, aunque ello cueste muchas vidas, razón de más para ser llamados a cuentas ante la justicia. Es una demanda social ineludible.
Hoy el drama que viven miles de familias afectadas es evidente que fue causado por la cada vez más inclemente naturaleza —quizá disgustada por el abuso que de ella hacemos—. Sí, pero muchas de las vidas sesgadas pudieron salvarse si se hubiera usado el concreto correcto, las varillas en su diámetro adecuado, además de seguir estrictamente las especificaciones originales y los lineamientos que establece el reglamento de construcción. Muchos servidores públicos, responsables de obra, titulares de áreas y delegados tienen demasiado qué explicar a la sociedad.
Miles de damnificados por los terribles sismos no buscan migajas del gobierno ni vivir para siempre de la solidaridad de la población. Necesitan de una rápida y eficaz acción gubernamental en todos los sentidos que los ponga nuevamente en condiciones de volver a su cotidianidad de manera digna. Eso es lo primordial. Y tan lo sabe la sociedad que ya puso manos a la obra.
Si bien lo anterior es el meollo del problemón que se debe resolver en el país, también lo es que ciertos pillos de cuello blanco que actualmente intercambian acusaciones para evadir responsabilidades deben ser investigados y, en su caso, pagar las consecuencias por las muertes y los daños ocasionados a causa de las condenables omisiones, corruptelas y complicidades.
@BTU15
