En una investigación conjunta entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político, se dio a conocer que entidades del Gobierno Federal, presuntamente, emplearon una red de universidades públicas y empresas irregulares para desviar miles de millones de pesos.
El periodista Salvador Camarena, indicó que desde 2011 existe un esquema legal para que entidades públicas empleen universidades u organismos para la ejecución de contratos, «a últimas fechas se ha prestado para el desvío de recursos, de 2011 para acá ha involucrado a alrededor de dos mil convenios».
Señaló que dentro de la investigación, tomaron una muestra de 73 convenios, ejercidos entre 2013 y 2014, que involucran siete mil 670 millones de pesos. «Encontramos presuntos desvíos por más de tres mil 433 millones de pesos».
Los 73 convenios, detalló, involucran a 186 compañías, de las cuales dos terceras partes no tenían registro ante la Secretaría de Economía o fueron identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fantasma, información que el equipo de MCCI y Animal Político corroboró a través de visitas a las supuestas oficinas.
Las dependencias relacionadas con estas irregularidades, informó Salvador Camarena, son Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al inicio de este sexenio, con Rosario Robles como su titular, además de Banobras, que en ese momento estaba encabezada por el gobernador electo Alfredo del Mazo; la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tiempos de Emilio Chuayffett, y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
En ese sentido, José Reyes Baeza, director general del ISSSTE y exdirector de Fovissste, señaló que apegados a la legalidad de la Ley de Arrendamiento de Atención y Servicios Públicos, el Fondo de la Vivienda realizó una contratación para cinco estudios específicos, en donde se actuó conforme a derecho.
En entrevista con José Cárdenas, indicó que «estamos a disposición de la propia Secretaría (de la Función Pública, SFP), para que atendiendo las observaciones que hace la Auditoría (Superior de la Federación, ASF), que se notifican en octubre de 2016, se haga la revisión, se cite a los funcionarios usuarios de los estudios a los que me refiero y se pueda resolver lo conducente».
Indicó que «si la Universidad (Autónoma del Estado de México UAEM), subcontrató a terceros de manera irregular, que se investigue y se sancione a la Universidad, nosotros contratamos a la Universidad, no contratamos a ningún zapatero, ni a un jardinero, contratamos a una unidad pública que tiene elementos de carácter técnico, científico, académico para prestar un estudio».
Reyes Baeza aseguró que tanto el Fovissste como el ISSSTE se conducen con transparencia y con apego a lo jurídico y moral.
Camarena resaltó que la UAEM recibió, como parte de la firma de cinco convenios, 223 millones 87 mil pesos del Fovissste, con el propósito de rediseñar o simplificar los procesos de atención a derechohabientes, sin embargo, dijo, la Universidad no tenía la capacidad para dar ese servicio, por lo que contrató la empresa Interamericana Negocios y Comercio S.A. de C.V. que se dedica a la venta de zapatos, según su acta constitutiva, a la que se le destinaron 15 millones de pesos.
A este respecto, Reyes Baeza aseguró que el Fovissste «no se desentiende de la supervisión, seguimiento de estos programas», ya que, dijo, tienen decenas de minutas, que están en poder de la ASF y de la SFP, sobre las reuniones de trabajo de la dependencia con personal calificado, «nunca hubo un responsable de una zapatera. Hay gente muy talentosa que nos envió la Universidad».
Agregó que «sería importante que revisáramos caso por caso, no podemos pasar con el mismo rasero a todos, si hay un funcionario público que se equivocó, en este o cualquier otro contrato, que se le sancione de acuerdo a los términos de la ley».
Salvador Camarena destacó que la ASF destacó que, en el caso del Fovissste, los únicos comprobantes que obtuvieron de esas irregularidades carecen de nombre y firma del personal que laboró, verificó y aceptó los servicios, «para la Auditoría son insatisfactorias las pruebas de que se hayan realizado estos trabajos».
Finalmente, expresó que espera que sea genuina la voluntad de Reyes Baeza, exdirector del Fovissste, de que se coteje, servicio por servicio, los cinco convenios que se firmaron en su momento.