Tras las denuncias en redes sociales por almacenamiento y retención de víveres destinados a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Fepade anunció operativos y sanciones contra quienes condicionen esta ayuda con fines electorales.
Así lo manifestó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a través de un comunicado de prensa, donde remarcó que restringir el acceso a los apoyos procedentes de programas sociales es un delito castigado con distintas sanciones por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En este sentido, refirió que el artículo 7, fracción VII, de dicha legislación, establece multas de hasta cien días de salario y prisión de entre seis meses y tres años a quien amenace con suspender los beneficios de centros sociales, en tanto que artículo 11, fracción II, indica multas de hasta 400 días y prisión de dos a nueve años para el funcionario que condicione la prestación de un servicio o un programa social a la abstención del voto.
Asimismo, este último artículo señala, en su fracción III, que dicha sanción alcanza a quien permita la utilización ilegal de fondos y servicios a su disposición, mientras que, en su fracción IV, también hace objeto de penalización al servidor público que realice actos de proselitismo durante su horario de trabajo.
Exhorta la denuncia ciudadana
Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquiera de las acciones mencionadas y puso a la orden de la población sus servicios de atención de quejas, orientación en materia electoral e interposición de posibles denuncias: el número 01 800 8 33 72 33 y su página web.
Con este operativo, la Fiscalía se comprometió a atender con imparcialidad las denuncias que se presenten y a no permitir que actores políticos se aprovechen de la necesidad de las personas que sufran las consecuencias de siniestros naturales.
Cabe recordar que el pronunciamiento de la Fepade se da luego de que voluntarios denunciaran que, en Morelos, los víveres destinados a los damnificados por el sismo de este 19 de septiembre son almacenados en bodegas por orden de la presidenta del DIF estatal, sin que se asegure su entrega oportuna.
Asimismo, en el Centro Expositor de Puebla capital, 15 brigadistas acusaron que fueron rechazados por funcionarios para llevar ayuda, con sus propios medios, a Izúcar de Matamoros, pese a la urgencia de apoyar a los afectados en este municipio, uno de los más afectados del estado.

Fuente: La Jornada