Desde hace veinte años, cuando el PRI perdió por primera vez el control mayoritario de la Cámara de Diputados y su bancada en el Senado llegó a considerar la posibilidad de no instalarse para la apertura del periodo ordinario de sesiones, en la que se recibía el informe, todavía rendido en persona por el Presidente, no se producía una situación crítica que pudiera afectar las labores del Poder Legislativo, como es la pretensión de impedir la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la amenaza de mantener esa parálisis en tanto no se suprima el “pase automático” por virtud del cual el actual Procurador de la República se convertiría en Fiscal autónomo para los próximos nueve años.
Hace dos décadas imperó finalmente la sensatez y el Congreso inició formalmente sus sesiones, ojalá y lo mismo está sucediendo el día de hoy cuando el lector vea estas líneas que fueron escritas ayer, antes de conocer el desenvolvimiento de las negociaciones que hubieran podido desatorar el impasse. De cualquier modo, el asunto merece un análisis cuidadoso por las implicaciones que tiene una norma que fue diseñada para teóricamente impulsar los consensos, pero que en la práctica se convierte en un incentivo para una presión minoritaria que alcanza visos de chantaje. El requerimiento de los dos tercios de los votos para la elección de la Mesa, privilegia el “minoriteo” al otorgar a una minoría una especie de derecho de veto que puede producir inestabilidad constitucional. Ese tipo de votación ya en el pasado impidió por largos meses la designación de consejeros del entonces IFE, si bien el Consejo, aunque incompleto, podía seguir funcionando, pero la Cámara no puede efectuar sus trabajos sin directiva, esta es indispensable para que se realicen las sesiones.