Benjamín Torres Uballe
El sol caía a plomo ayer al mediodía sobre la gente que desde las once de la mañana se empezó a reunir afuera de la Catedral de la Ciudad de México. Justamente frente al remodelado Zócalo, el corazón político y social de la república mexicana, convertido en los últimos tiempos en un gran foro de variedades.
La convocatoria fue para marchar precisamente del Zócalo al edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en Paseo de la Reforma, para exigir a los gobiernos federal y de Puebla el esclarecimiento total del asesinato de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla, sucedido en la entidad poblana, presuntamente a manos de un chofer de la empresa Cabify.
Profunda indignación causó en la sociedad el artero crimen, uno más de los miles de feminicidios que han ensangrentado al país sin que el gobierno sea capaz de prevenir y resolver tan repulsivo delito.
Si bien el Estado no ha sido el que mató a Mara Fernanda, no puede llamarse inocente. Son sus negligencias y corruptelas en la investigación y procuración de justicia las que alientan a la reincidencia de quienes agreden a las mujeres. El problema lo definió muy bien Amnistía Internacional (AI) el sábado pasado, cuando afirmó: “No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado que ha normalizado la violencia”. Una verdad lapidaria imposible de refutar por el gobierno.
“En México las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. No. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres”, acusó la organización internacional.
Y no podemos estar en desacuerdo con la denuncia de AI, a la que, por cierto, la administración peñista no ha respondido. Tal vez porque carece de argumentos para hacerlo. Pero los gobiernos estatales y municipales, de ningún modo, están exentos de responsabilidad por los feminicidios. Su mediocridad e intereses aviesos deben ser investigados a fondo, pues no es posible, por ejemplo, que un gobernador como Eruviel Ávila Villegas concluya su gestión sin que rinda cuentas por el alarmante número de feminicidios en su sexenio, en el cual incluso se declaró la alerta de género en 11 municipios de la entidad mexiquense. De ese tamaño es la impunidad y complicidad oficial.
Todavía más, la Alerta de Violencia de Género permanece activada en zonas de 12 entidades federativas y existen solicitudes de organizaciones de la sociedad civil para declararla en otros 17 estados, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez.
La sociedad no está dispuesta a permitir que la brutalidad en contra de las mujeres siga sesgando la vida de millares de mexicanas. Por ello, ayer tomó las calles del centro de la capital de la República, pero también en Guadalajara, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, entre otros lugares de este país, que se ahoga con la sangre de sus mujeres violentadas.
“Un país no es sólo lo que hace, también lo que tolera”, decía una de las cartulinas que este columnista pudo observar durante la marcha, y más verdad no puede contener la sentencia. Y el gobierno es omiso, tolerante, corrupto, ineficaz y cómplice cada vez que una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer; por el sencillo “inconveniente” de atreverse a ser mujer.
Cierto que el tema de los feminicidios es complejo en extremo y multifactorial. Muchas veces tan torcida conducta inicia su formación desde los hogares, propiciada por comportamientos machistas y misóginos que se extienden en los centros de trabajo donde a las mujeres se les relega, discrimina, se les paga un sueldo menor o se les acosa sin que haya mayores consecuencias como debería haberlas. Todo esto ha sido tolerado en un silencio cómplice por ciertos sectores sociales.
Mara Fernanda y sus sueños fueron sepultados este domingo en Xalapa, Veracruz, en medio del dolor y el amor de su familia, junto con amigos, compañeros y gente, que sin haberla conocido, acudió de manera espontánea a solidarizarse con el adiós a la joven universitaria de 19 años.
Nada podrá consolar la inimaginable pena familiar ocasionada por la brutal muerte de Mara. Tampoco nada eximirá de responsabilidad a las autoridades poblanas, federales y, menos aún, a la compañía Cabify, que debe responder solidariamente por la acción atroz de uno de sus prestadores del servicio. No debe permitírsele que eluda su obligación de responder ante la ley y afrontar las consecuencias. Esa empresa cobró por el servicio a Mara Fernanda, no el chofer. La obligación es ineludible y está a la vista. Incluso debe revisarse si debe o no continuar operando en México.
La marcha de ayer no fue cuestión de feministas. Es el hastío social de la barbarie hacia las mujeres y, una vez más, el valemadrismo del gobierno con el eternamente deficiente y corrupto sistema judicial mexicano para investigar e impartir justicia sin dilación y sin exigir las acostumbradas e inmorales dádivas.
@BTU15