Desesperado por mantener económicamente a su familia, Hilario Mendoza aprovechó sin titubeos la oportunidad de salir de México para ir a trabajar en la recolección de cerezas en una granja de Columbia Británica, en Canadá.

Sin embargo, las condiciones climáticas resultaron tan adversas que en muchas ocasiones solo trabajaba tres horas por día, mucho menos de las 40 horas por semana prometidas en el programa canadiense para trabajadores extranjeros temporales. Cuando no podía ir al campo, esperaba en condiciones de hacinamiento con otros 34 trabajadores en una pequeña casa, donde las camas se mojaban porque había goteras.

Después de meses de quejarse sin obtener resultados, inesperadamente lo enviaron de regreso a México.

“Nos abandonaron”, comentó Mendoza acerca de su experiencia durante 2014 en la granja. “En México hay mucha más gente lista para trabajar en Canadá, así que nadie protege nuestros derechos”.

El programa de trabajadores agrícolas estacionales de Canadá se diseñó para resolver una escasez crónica de mano de obra mediante la contratación de inmigrantes de México y de otros once países del Caribe interesados en trabajar hasta por ocho meses al año.

Sin embargo, algunos críticos señalan que el programa casi no cuenta con supervisión y coloca a los trabajadores en una situación vulnerable ya que los patrones pueden explotarlos, en muchos casos no reciben las prestaciones laborales que les corresponden conforme a la legislación canadiense y corren el riesgo de que los deporten si se quejan por las condiciones de trabajo.

“Este programa es una especie de segregación racial”, advirtió Chris Ramsaroop, integrante de Justicia for Migrant Workers (Justicia para los Trabajadores Migrantes), una organización con sede en Ontario que se dedica a defender los derechos de los trabajadores.

“Los trabajadores inmigrantes trabajan y viven conforme a derechos legales distintos de los que tienen los canadienses”, agregó Ramsaroop. “La mera existencia de los programas de trabajadores extranjeros temporales permite al gobierno canadiense negar libertades y protecciones básicas con base en la situación migratoria”.

El programa de trabajadores agrícolas es parte de una iniciativa más amplia que también permite el ingreso de trabajadores extranjeros temporales para otras industrias, como el procesamiento de pescado y los servicios de salud en el hogar. Aunque Canadá ha reducido el número total de trabajadores extranjeros temporales desde 2014, el programa para trabajadores agrícolas va en aumento, pues de acuerdo con las cifras del gobierno, se aprobaron visas para más de 34.000 trabajadores en 2016, en comparación con los 25.000 que las recibieron en 2011.

Josh Bueckert, un vocero del departamento federal que supervisa el programa, señaló en un correo electrónico que los trabajadores están al “amparo de los mismos derechos y protecciones que los ciudadanos canadienses”.

El departamento tiene disponible una línea telefónica de denuncia y un sitio web, según indicó, en los que es posible denunciar de manera anónima supuestos casos de fraude o abuso, aunque ninguna de las dos opciones se ofrece en español, el único idioma que hablan muchos de los trabajadores agrícolas.

Desde abril de 2014, el departamento ha recibido más de 5000 denuncias, de las cuales más de 640 han conducido a alguna inspección o se han turnado a otros funcionarios, subrayó Bueckert.

Sin embargo, un informe que preparó en mayo el interventor general de Cuentas de Canadá reveló que las actividades del gobierno federal para supervisar el programa de trabajadores extranjeros temporales son mínimas, ya que durante el ejercicio de 2016 solo se realizaron 13 de las 173 inspecciones planeadas. Ninguna de las inspecciones realizadas incluyó entrevistas con los trabajadores extranjeros temporales, según indicó el informe.

Miles de patrones están registrados en el programa de trabajadores extranjeros temporales; no obstante, solo se ha reportado que ocho incurrieron en incumplimientos, y solo uno de ellos por violaciones laborales.

Algunos grupos de defensa de los trabajadores señalan que la dependencia del gobierno federal encargada de las actividades de supervisión sufre limitaciones debido a que es responsabilidad de cada provincia y territorio cumplir con las normas laborales, de salud y seguridad en el lugar de trabajo aplicables a estos trabajadores, además de que las protecciones no son uniformes. Sin embargo, la mayoría de las provincias ni siquiera tiene datos básicos, como el nombre de los trabajadores extranjeros temporales que trabajan ahí, el nombre de su patrón o su ubicación.

Este mes, el gobierno de Columbia Británica anunció que planea recopilar este tipo de datos y elaborar un registro que ayude a proteger a los trabajadores de patrones abusivos.

Los activistas defensores de los trabajadores también han destacado otros problemas que existen en el sistema. El consulado del país de origen es el encargado de proporcionarle a cada trabajador cualquier tipo de ayuda que requiera. Sin embargo, de acuerdo con los grupos activistas, cuando surgen controversias los funcionarios muchas veces apoyan a los patrones para evitar que contraten a trabajadores más sumisos de otros países.

En 2014, la Junta de Relaciones Laborales de Columbia Británica resolvió que el gobierno mexicano había interferido de manera indebida al instruir que se impidiera la inclusión en el programa de un trabajador mexicano porque los funcionarios consulares sospechaban que era sindicalista.

Félix Martínez, un exfuncionario del consulado mexicano, testificó en defensa del trabajador en ese caso. Declaró en una entrevista que el consulado sentía “terror” ante la posibilidad de molestar a los patrones.

“La prioridad era mantener contentos a los patrones para que siguieran solicitando trabajadores mexicanos”, dijo Martínez, quien abandonó el consulado en 2011 y ahora trabaja para un sindicato en Canadá.

El Consulado General de México en Vancouver no respondió en ninguna de las muchas ocasiones que solicitamos una entrevista.

Martínez declaró haber visto a trabajadores extranjeros expuestos a pesticidas tóxicos, hospedados en chozas de metal y forzados a utilizar un arroyo como única fuente de agua potable. Explicó que la mayoría de los trabajadores se callan para no arriesgarse a que los envíen de nuevo a su patria, donde viven en la pobreza.

“Siempre nos dicen: ‘Van a Canadá a trabajar, no a causar problemas’”, comentó Érika Zavala, una madre soltera de 32 años de edad, cuando la entrevistamos en su tráiler en una granja de zanahorias orgánicas en Columbia Británica. Trabaja ahí desde 2014.

En la granja, deshierba el campo a gatas durante diez horas cada día, por un sueldo aproximado de ocho dólares por hora. El tráiler que comparte con otra mexicana no tiene agua caliente. Otros años, había dormido en un viejo tráiler destartalado e infestado de roedores, cuya puerta solo podía cerrarse desde afuera.

Aunque obtiene menos dinero de lo que ganaba en empleos anteriores en Canadá, Zavala dijo que nunca se queja porque teme que la excluyan del programa.

Para otros, sin embargo, el programa ha sido todo un éxito.

Julio Meneses, de 40 años de edad, ha viajado desde México para trabajar desde hace 16 temporadas en Beverly Greenhouses, una granja de pepinos de Ontario en expansión. Ahora es supervisor y gana unos 15.000 dólares por la temporada de ocho meses, lo que le ha permitido pagar la colegiatura de su hijo en dos de las más prestigiosas universidades de México.

Según comentó, una vez que su hijo concluya sus estudios se quedará en México. “Por ahora, estoy construyendo para el futuro”, concluyó.

Los patrones canadienses citan este tipo de historias de éxito y no admiten ninguna insinuación de que el programa explota a los trabajadores.

“No van a trabajar bien si no están a gusto”, comentó Phil Tregunno, de 62 años, quien pertenece a la cuarta generación de una familia de horticultores de Niagara-on-the-Lake, Ontario, y ha contratado a 120 empleados extranjeros en lo que va del año.

Fuente: TNYTimes