La Secretaría de la Función Pública (SFP) reservó alrededor de 863 mil registros de servidores públicos que han sido sancionados durante los últimos 15 años por conductas que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) califica como no graves.
La dependencia bloqueó el acceso público a la información en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) y sólo permite consultar cerca de 4 mil 300 registros de funcionarios sancionados de 2015 a la fecha, a los cuales, entre las sanciones que les fueron impuestas está la inhabilitación.
La reserva de la información para los registros por conductas no graves, explica la SFP en el portal del RSPS, se hizo en cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece que sólo serán públicas las sanciones administrativas que están consideradas como graves.
Al hacer esto, la SFP aplicó un criterio retroactivo pues las sanciones que estaban en el RSPS se impusieron conforme a la ley anterior, la cual obligaba a su publicación.
De acuerdo con la LGRA, que cobró plena vigencia el 18 de julio pasado, las faltas administrativas graves son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Estas conductas no estaban previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que estuvo vigente desde el 2002, en la cual se definía las obligaciones de los funcionarios y se establecían las sanciones a la inobservancia de dichas obligaciones.
Esta reserva a los registros de las conductas no graves, hace que, por ejemplo, ya no esté consultable la sanción que en 2015 se le impuso al entonces director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, quien hizo uso de un helicóptero de la dependencia para fines privados.
A Korenfeld, quien no fue inhabilitado, la SFP lo acusó de abuso de autoridad y le impuso una sanción económica de 638 mil 653 pesos.
Los registros a los que se puede acceder en el RSPS son únicamente a los de aquellos funcionarios que fueron inhabilitados, esto porque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece como condición para hacer públicas las sanciones graves el que exista un impedimento por parte del servidor público para ejercer un cargo.
Con la antigua ley, la inhabilitación era una de las sanciones más fuertes y generalmente estaba asociada a la destitución y en algunos casos a la imposición de sanciones económicas.
La reserva que hizo la SFP podría ser impugnada por particulares ante el INAI, debido a que Ley General de Transparencia establece como una obligación el publicar el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas sin distinguir si éstas están consideradas como graves o no.
La SFP señala en el portal que los registros de las conductas no graves, como lo marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerán en sus archivos sin ser públicas ya que solo serán consultables para las áreas de recursos humanos de las dependencias para efecto de evaluar la reincidencia.
Fuente: Reforma