Los programas sociales en el Estado de México sí pueden ser utilizados con fines electorales, ante la falta de normativa que garantice su adecuada protección, reveló el «Análisis sobre el grado de protección de programas sociales en el proceso electoral del Estado de México», realizado por Incide social.
Durante la presentación del estudio, la cual incluyó un análisis a 30 programas sociales, las encargadas de la investigación señalaron que en la entidad prácticamente no existe legislación para que estos programas sean fiscalizados.
Por lo que destacaron la necesidad de delimitar claramente el entorno del ejercicio de los recursos públicos y vigilar la manera en que se implementa un programa social desde su diseño hasta su implementación.
En su oportunidad el titular de la Fepade, Santiago Nieto, advirtió que en la elección a la gubernatura del Estado de México 39.4 por ciento de personas denunciadas por delitos electorales están relacionadas con un partido político, principalmente con el PRI, PAN, PRD y Morena.
Ello, agregó refleja que el condicionamiento de programas sociales, está íntimamente relacionado con el ejercicio del poder, así como con su intención de conservar u aumentar los espacios de poder, lo que a su vez genera que se cometan más delitos.
Nieto Castillo detalló que de las 300 investigaciones que realiza la Fepade en la entidad, 39 corresponden al delito por peculado y 26 más por condicionamiento de programas sociales con amenaza, un elemento que no se presentó en otras entidades.
En tanto que el consejero de la junta local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco aseguró que si hay «elementos de presunción de que la coacción de programas sociales fue determinante en los comicios del pasado 4 de junio».
«Es difícil determinarlo, pero si elementos de presunción qué pudo ser determinante, ahora qué se está replanteando, más allá de aspectos normativos y de blindaje hay un problema de ética político que debe ser subrayado
Por lo que aseguró que la elección mexiquense fue una de las más sucias de la historia en donde se combinaron elementos arcaicos y novedosos para la coacción del voto, considerando que de los 141 mil beneficiarios de programas sociales, cerca de 9 mil fueron funcionarios de casilla y 6 mil pertenecían al PRI.
Fuente: Milenio