Benjamín Torres Uballe
Los privilegios que se otorgan a los partidos políticos en México producen en la ciudadanía una profunda molestia. Las prerrogativas son de tal cuantía que, permanentemente, vivales o grupos de ellos tratan a toda costa de fundar agrupaciones “dedicadas” a la política, con el fin primordial de vivir espléndidamente, enriquecerse inmoralmente, lucrar con toda clase de negocios, colocar a séquitos de familiares, amigos e incondicionales, y, si la protección lo permite, saquear el erario.
Para el próximo 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) oficializó ya el financiamiento que se otorgará a los nueve partidos nacionales y candidatos independientes, una cifra sin precedente que asciende nada menos que a 6 mil 788 millones de pesos. Monto inaceptable en un país subdesarrollado donde la mitad de su población se encuentra en situación de pobreza, según datos del Coneval, o sobrevive laborando en la informalidad, carente de seguridad social.
El absurdo e inmoral derroche de los recursos públicos destinado a mantener forzosamente a los improductivos institutos políticos no hace sino alimentar la voracidad de parásitos y cúpulas que se adueñan de éstos. El PVEM, PT y Morena son un ejemplo irrefutable de ello, pero también el PRI, PAN y PRD, así como Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social.
Más agrupaciones políticas no inciden necesariamente en mejor democracia; eso está demostrado en todo el mundo. Las naciones consideradas desarrolladas no cargan con tan pesado lastre. Pero aquí en México, la nomenclatura es experta en crear y alimentar instituciones y aparatos burocráticos que demandan vorazmente valiosos recursos. El propio INE es uno de ellos. No obstante, el tema ha sido tomado a la ligera y los partidos ahí siguen: cual inamovibles virreyes.
Como sociedad, no conocemos a un actor o agrupación política pobre; por el contrario, ambos medran con los puestos públicos, con decisiones que en primera instancia los benefician a ellos y al ignominioso grupo multicolor que conforman, enquistado desde hace años en las áreas decisivas capaces de influir en los destinos de esta nación. El interés ciudadano es lo que menos importa a los “profesionales” del jugoso negocio político mientras reciban cuantiosos financiamientos. A ningún mexicano nos fue preguntado si estamos de acuerdo en esa inmoralidad.
Si en algo son expertos consumados los integrantes de la cúpula burocrática nacional es en el arte del escapismo, de escurrir el bulto, de encontrar la excusa puntual para justificar sus atrocidades y componendas. Luego de aprobar el viernes pasado tan escandaloso volumen de recursos públicos a partidos y candidatos independientes para el próximo año, Lorenzo Córdova Vianello, el discriminador presidente consejero del INE, se atrevió a declarar: “este proyecto de acuerdo no es una determinación arbitraria del INE, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución”.
Constitución que, por cierto, es necesario recordarle a Lorenzo Córdova, ha sido “mangoneada”, modificada en innumerables ocasiones en beneficio de la clase dominante; por eso, que el Gran Jefe Chichimeca se escude en la carta magna no deja de ser perverso y ridículo. Nada justifica que los impuestos de los atribulados contribuyentes se destinen a propósitos que ningún beneficio aporta a la enorme mayoría de mexicanos, quienes hoy están hartos de la clase política.
Así que, aunque Córdova Vianello reconozca que el financiamiento para 2018 será “el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política” y admita sin cortapisas que éste provoca una intensa “controversia” en la sociedad, “el financiamiento público que propone el INE genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales”. Una retórica que, por falaz, es totalmente increíble.
Y en el colmo del cinismo y la demagogia, el presidente del INE hizo un llamado para que, “con serenidad y con objetividad”, se analice entre los actores políticos del país “la pertinencia de una racionalidad del propio financiamiento. Este es el monto con el que iremos a las elecciones de 2018, pero al cabo de las mismas me parece que es pertinente que haya una amplia discusión nacional, sin atavismos, para atender lo que es un legítimo reclamo de la propia sociedad”.
No se puede pedir peras al olmo. Dichos “actores políticos” esperan con ansiedad los recursos asignados y lo que menos hacen es ser cuidadosos y racionales con el dinero que nos les cuesta el menor esfuerzo ganar, que, además, sólo les sirve para promociones personales y maquinar cuanto negocio les sea posible. Por eso el pronunciamiento de Lorenzo Córdova resulta hilarante.
Ya no queda sino esperar a ser testigos cómo, en el marco del inminente proceso electoral, los 6 mil 788 millones de nuestros recursos son dilapidados en guerra sucia, intrigas, filtraciones, toneladas de propaganda inservible, millones de spots ridículos y las infaltables transas al amparo de las campañas electorales. En palabras llanas, ver cómo el presupuesto a los partidos es tirado a la basura y a los bolsillos de no pocos políticos. Pobre México, tan sobrado de corrupción… y de partidos políticos.
@BTU15