El Comité de Participación Ciudadana interpuso dos juicios de amparo en juzgados federales por el incumplimiento de los estados en la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, informó la presidenta del comité, Jacqueline Peschard Mariscal.
El primero es un amparo contra los estados que no reformaron su legislación interna para adecuarlas a las modificaciones constitucionales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y otro contra las leyes locales de responsabilidades administrativas para que se reconozca que el Congreso de la Unión es el único responsable para legislar en la materia.
En conferencia de prensa, Jacqueline Peschard dijo que Chihuahua y Veracruz no han reformado su constitución, mientras que la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California, no han emitido las leyes de los sistemas locales, a pesar de que el plazo se cumplió el 18 de julio.
El amparo fue presentado ante el juez 4 de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro.
El segundo amparo pretende que el juzgador determine que los estados carecen de facultades válidas para emitir leyes en materia de responsabilidad administrativa.
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del CPC, dijo que el organismo es una vía institucional para definir los alcances del comité en el combate a la corrupción.
«Estamos planteando una metodología distinta que sienta las bases para el SNA, pero también para los SLA. En caso de que el Poder Judicial de la Federación acepte nuestros amparos se abre la posibilidad para que otros comités, e incluso organizaciones civiles, puedan intentar algo similar en sus respectivas entidades», destacó.
Mariclaire Acosta Urquidi, también integrante del CPC, dijo que aunque todavía no hay magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ni Fiscal Anticorrupción, existen otras instituciones facultadas para investigar y sancionar hechos de corrupción, entre ellas la como la Procuraduría General de la República.
Fuente: Milenio