A medida que el gobierno de Donald Trump impulsa planes para endurecer el paso por la frontera sureste de Estados Unidos, crece la presión ante México para que acepte a más solicitantes de asilo que ingresan desde Centroamérica para huir de la violencia de las pandillas.

Sin embargo, activistas en materia migratoria advierten que el sistema de asilo mexicano y su capacidad de proteger a esos migrantes no ha podido responder a la demanda. Como resultado, se ha impedido que muchos migrantes accedan a la protección que requieren y obtengan el estatus de refugiados que les corresponde.

El gobierno de México ha implementado mejoras a su programa de asilo en los últimos años y ha otorgado protección a una tasa más alta que antes, pero el sistema sigue teniendo muchas fallas, de acuerdo con al menos siete reportes publicados en las últimas semanas por grupos mexicanos, centroamericanos, estadounidenses e internacionales enfocados en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes.

De acuerdo con esos informes, las fallas incluyen un personal insuficiente e inadecuado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que se traduce en una espera de varios meses para responder a las solicitudes; una capacitación y supervisión inconsistente de los agentes migratorios y una adjudicación irregular en casos de asilo.

Varias personas elegibles para el asilo no han podido iniciar el proceso porque los funcionarios no han tomado los pasos necesarios para que siquiera lo soliciten, señalan estos informes. En algunos casos, de acuerdo con activistas, los agentes fronterizos han disuadido a los migrantes de solicitar refugio y los han amenazado con que estarán detenidos por mucho tiempo mientras se estudian sus solicitudes.

Los activistas señalan que tales deficiencias son particularmente preocupantes en momentos en que algunos legisladores estadounidenses estudian

hacer cambios que establezcan como requisito que los migrantes soliciten asilo en México si cruzaron por ese país con el plan de llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Una propuesta legislativa “permitiría el retorno a México de refugiados centroamericanos detenidos, donde puedan pedir protección” sin la necesidad de un acuerdo bilateral con México, según un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso de Estados Unidos que dio el visto bueno al proyecto en julio.

Tales cambios “socavarían el liderazgo global estadounidense y violarían compromisos legales por parte de Estados Unidos, incluso en el caso de que México tuviera un sistema sólido de protección a refugiados”, dice un reporte de Human Rights First. Las propuestas, aseguran, “son todavía más peligrosas porque México no lo tiene”.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México —la agencia migratoria del país— y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) —el organismo que procesa las solicitudes de asilo– no quisieron ser entrevistados para este artículo.

Aunque la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen al norte todavía ven en México un país de tránsito a Estados Unidos, el país se ha vuelto un destino en sí mismo.

El año pasado, 8800 personas solicitaron asilo en México, casi siete veces más que quienes lo hicieron en 2013, según los datos del gobierno. Parte del aumento se debe a una aplicación más severa de la ley migratoria en el país, sobre todo en la frontera sur, con Centroamérica.

Algunos de los migrantes que son detenidos, confrontados con la posibilidad de deportación a sus países, eligen solicitar asilo.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará los 20.000, más del doble del número que solicitó en 2016.

Durante los últimos meses, las políticas migratorias del gobierno de Trump han provocado temor entre muchos migrantes potenciales de que cruzar la frontera vía México e ingresar hacia Estados Unidos sin los documentos requeridos es mucho más difícil. Así que un número considerablemente menor de  centroamericanos parecen dispuestos a emprender el trayecto, en particular aquellos cuyo objetivo principal es huir de la pobreza.

Pero quienes huyen más que nada de la violencia crónica, sobre todo en Honduras y El Salvador, todavía salen de sus países, y un número en aumento de ellos ha decidido buscar refugio en México donde explica que está en riesgo de —o han sufrido— persecución en sus países.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará las 20.000 personas; más del doble del número que lo solicitó en 2016.

Es un aumento que ha puesto bajo presión al gobierno mexicano y la Comar no da abasto. La comisión fue apuntalada el año pasado después de que la ONU acordara costear las contrataciones de 29 nuevos empleados, pero siguen estando saturados.

“Mientras que el número de solicitantes de asilo se ha incrementado, el presupuesto de la Comar no lo ha hecho”, dijo Mark Manly, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Esto ha puesto al sistema de asilado en México bajo una presión considerable”.

El estrés del personal ha contribuido a que hagan su trabajo un poco al azar y a que las adjudicaciones sean inconsistentes, según acusan los activistas y trabajadores humanitarios.

El resultado de una solicitud de asilo “depende en buena medida de quién revisa el caso”, dijo Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras, un grupo con sede en Ciudad de México que promueve los derechos de migrantes y refugiados.

La organización asegura que lo peor es que una gran cantidad de personas ni siquiera son consideradas para solicitar refugio.

El primer contacto que tienen muchas de ellas con las autoridades mexicanas es cuando son detenidas por agentes migratorios. El protocolo establece que estos deberían entrevistarlos o revisar sus casos para sopesar si necesitan protección y, en tal caso, derivarlos a una agencia para refugiados.

Pero en muchos casos los agentes no los revisan de manera apropiada y los remiten en cambio al proceso de deportación. En un informe publicado recientemente, Amnistía señaló que un “número significativo de solicitantes de asilo” le dijo a los investigadores del grupo que habían sido deportados sin que se les informara sobre su derecho a solicitar asilo.

“Hay una falta de conocimiento tanto entre los extranjeros como entre las personas con las que tienen el primer contacto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, coordinadora de servicios legales en México de Asylum Access, un grupo con sede en California. “Seguimos enfatizando la importancia de que haya información oportuna”.

Los agentes también han sido acusados de disuadir a los migrantes de solicitar refugio, al darles a entender que tendrán que sobrellevar meses en detención hasta que sean adjudicados sus casos.

Durante años, efectivamente, la detención fue la norma para quienes pedían asilo mientras se revisaban sus solicitudes. Sin embargo, el año pasado el gobierno puso en marcha un programa piloto para probar alternativas como el que los solicitantes estén en libertad durante la adjudicación y tengan acceso a ayuda humanitaria, así como a asesoría psicológica y legal.

Los funcionarios mexicanos dicen que el programa fue expandido para incluir a todos los migrantes que pidan asilo. Pero la aplicación del programa dista de ser completa. Los activistas afirman que algunos solicitantes todavía son retenidos y tienen acceso limitado a representantes legales.

Los lineamientos del gobierno establecen que los casos de asilo deben ser decididos en un plazo de 45 días. No obstante, dado que el sistema está sobrecargado, los tiempos de espera son mucho mayores; a veces duran tres meses o más.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y de la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”.

Un tema de particular preocupación para las ONG es la recepción y el tratamiento que se da a menores no acompañados; decenas de miles de estos han viajado desde Centroamérica durante los últimos años.

Un número muy bajo de ellos son ingresados al sistema de asilo en México. De acuerdo con estadísticas oficiales, menos de un uno por ciento de más de 40.000 niños detenidos en 2016 solicitaron refugio, una cifra “impresionantemente baja”, según el Migration Policy Institute.

Aunque algunos menores no ingresan a ese sistema porque su objetivo es llegar a Estados Unidos para reunirse con familiares allí, ese porcentaje tan pequeño de solicitantes probablemente se deba a otros factores, de acuerdo con activistas y expertos en materia migratoria. Eso incluye, dicen, el fracaso de oficiales mexicanos en identificar a niños que necesitan protección, una falta de acceso a representantes legales y las condiciones precarias en las que se encuentran después de ser detenidos.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”, indica un reporte publicado recientemente por Kids in Need of Defense, grupo con sede en Washington que le da asistencia legal a menores no acompañados, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en la ciudad chiapaneca de Tapachula, en México.

Quienes sí reciben asilo tienen el derecho a poder trabajar y acceder a servicios médicos y educativos. Pero eso no pone fin a los obstáculos.

Más allá de un programa piloto a cargo de las Naciones Unidas en Saltillo, hay muy pocos otros programas para la integración de refugiados. Muchos enfrentan discriminación al buscar trabajo y, a veces, prefieren irse de México.

Los activistas alertan que, a menos que haya mejoras en el sistema de asilo y que este se vuelva más accesible, cada vez más migrantes cuyos casos sean elegibles para recibir protección decidirán que ni siquiera vale la pena el esfuerzo intentar conseguirlo en México y seguirán encaminados hacia Estados Unidos pese a la incertidumbre que enfrentarían allí.

Y se someterían a mayores peligros, como los que típicamente afectan a los migrantes camino hacia el norte: violaciones, robos, asaltos o trabajo forzado, incluida la prostitución. Algunas estimaciones establecen que solo un uno por ciento de los delitos cometidos contra los migrantes terminan siendo juzgados.

“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad ni urgencia los mecanismos para investigar los delitos cometidos en contra de ellos”, sentenció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), en un informe reciente. “La impunidad en delitos contra migrantes en México es alarmante”.

Fuente: NYTimes

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