Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), afirmó que el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, debió presentar su Ley 3de3, mejor conocida como Ley General de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, donde debió explicar el origen de los recursos para adquirir sus propiedades.

En su colaboración para el espacio informativo de José Cárdenas, comentó que el primer cambio importante de esta Ley es que le genera obligaciones semejantes tanto al Presidente de la República como al delegado de Tláhuac, es decir, tienen que presentar una declaración patrimonial y una declaración de intereses, además de la de impuestos que una obligación como contribuyentes.

Detalló que esta Ley General de Responsabilidades transformó el «delito de enriquecimiento inexplicable», el cual era muy difícil de probar; ahora, con la Ley 3de3 se crea el delito de «enriquecimiento oculto», es decir, si un funcionario no presenta dentro de su declaración patrimonial o de intereses información que pudiera ser una señal de riqueza, si la oculta, podría ser sujeto a una falta administrativa que inmediatamente implica la inhabilitación del cargo, aunque no la cárcel.

No obstante, señaló que dada la información revelada por el diario Universal respecto a las propiedades del jefe delegacional y el tiempo en que le tomó para adquirirlas, se debería recurrir a la Ley 3de3, que se aplica en los tres niveles de gobierno desde el 18 de julio.

«La pregunta elemental que nos hacemos todos es de dónde salió la lana, de dónde salió el dinero para formar este patrimonio, igual es legítimo, pero si no lo es y no hay una explicación clara, ahí se podría abrir una causa penal sobre el delegado», concluyó Pardinas.