Una vez que sea notificado, Alberto Silva tendrá siete días naturales para responder; la Fiscalía de Veracruz lo acusa de abuso de autoridad, así como del desvío de más de mil 500 mdp.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició juicio de desafuero contra Alberto Silva, director de Comunicación Social durante la administración de Javier Duarte en Veracruz.

A partir de que sea notificado, el legislador federal tiene siete días naturales para responder al proceso que se le inició a petición de la Fiscalía General de Veracruz.

El presidente de la instancia legislativa, el priista Ricardo Ramírez Nieto, negó que haya algún tipo de sesgo en el análisis de la solicitud por tratarse de un diputado del PRI, detalló que seguirán el curso que marca la ley por lo que en un periodo no mayor a 60 días naturales quedará resuelto el juicio de procedencia.

«Por unanimidad acordamos darle trámite a la solicitud de desafuero, estamos ordenando que se le notifique al diputado que tiene siete días naturales para que produzca su defensa o manifieste lo que a su interés convenga», detalló el presidente de la Sección Instructora

La semana pasada el coordinador de la bancada del PRI César Camacho, aseguró que la solicitud de desafuero había quedado sin efecto por la «deficiencia de la Fiscalía de Veracruz», sin embargo, Ramírez Nieto subrayó que la Sección Instructora es «quien decide finalmente todo».

En tanto, el también integrante de la instancia legislativa, el panista Juan Pablo Piña, aseguró que a nombre de su fracción se encargará de que el proceso se realice con total transparencia y que el dictamen se realice de acuerdo a las pruebas que se analicen.

El paso 13 de julio la Fiscalía General de Veracruz solicitó a la Cámara de Diputados iniciar juicio de desafuero contra el diputado, al que se le acusa de presuntamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y el desvío de más de mil 500 millones de pesos durante su gestión como director de Comunicación Social de la entidad.

De acuerdo a la argumentación de la Fiscalía estatal Silva ordenó pagos a medios de comunicación que ascienden a mil 459 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2014 y por 108 millones 721 mil pesos en 2016, lo que da un total de mil 567 millones, 771 mil 359 pesos, los cuales se presume fueron desviados de recursos públicos, debido a que no había etiquetado ni suficiencia presupuestaria y dichos gastos no fueron reportados ante el Congreso local.

Fuente: Milenio