La 22 Asamblea Nacional del PRI abrió este sábado los candados que permanecieron cerrados por 21 años para poder postular a un ciudadano sin militancia como su candidato presidencial.

La decisión fue aprobada por unanimidad y frente a siete secretarios de Estado considerados presidenciables, incluido el de Hacienda, José Antonio Meade –el único que no está afiliado al tricolor–.

Los nuevos Estatutos priistas, que serán entregados al INE, establecen que se podrá postular a simpatizantes para cualquier cargo de elección popular, desde una regiduría hasta Los Pinos.

Adicionalmente, se establece el piso parejo, por lo que tampoco será obligatorio tener 3, 5 o 10 años de militancia mínima para alcaldías, gubernaturas y la Presidencia de la República.

Las únicas condiciones que se incorporaron es que el aspirante externo tenga buena fama, suscriba los documentos básicos del PRI y consiga los apoyos de sectores y organizaciones establecidos en la normatividad interna.

La asamblea mantuvo la decisión de las mesas temáticas y dejó en manos del Consejo Político Nacional la definición del método por el que será elegido el candidato presidencial.

El catálogo de métodos incluye la elección directa, convención de delegados o una comisión que, en los hechos, disfraza el «dedazo» que se ejerce desde Los Pinos o en las gubernaturas.
Frena a ‘chapulines’ pese a críticas

A pesar de las críticas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad, la 22 Asamblea Nacional del PRI aprobó el candado «antichapulines», que prohíbe a diputados y senadores «brincar» de una lista plurinominal a otra.

La limitante fue avalada a mano alzada por la mayoría de los 10 mil delegados que asistieron a la plenaria en el Palacio de los Deportes.

Más allá de la disputa por las reglas para la designación del candidato presidencial del 2018, este candado resultó la medida más polémica del debate tricolor.

Su incorporación a los documentos básicos provocó irritación y cuestionamientos entre algunos cuadros priistas que sostuvieron acaloradas discusiones, tanto en persona como en las conversaciones internas.

Ayer, los priistas que impulsaron la medida alertaron sobre la intención de retirar la propuesta del dictamen final, con el argumento de que contradice la legislación.

La sospecha fue confirmada en la dirigencia nacional del PRI previo a la sesión de la Comisión Nacional de Dictamen, donde líderes de sectores y organizaciones reconocieron que habría que retirarlo.

Sin embargo, al final la redacción prevaleció en el dictamen avalado este día.

Delegados como Eduardo Bernal, José Murat, Ulises Ruiz y Encarnación Alfaro defendieron la medida y rechazaron que sea inconstitucional.

Los priistas explicaron que se trata de una norma interna que no limita la reelección o postulación de los aspirantes, pero que obliga al PRI a no incluir en las listas a quien ya haya llegado al Congreso por esa vía.

Fuente: Reforma