“Con dinero baila el perro”
(Refrán popular)
Cochino hallazgo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al tratar de revisar las finanzas de los congresos de los estados de la República.
El equipo encabezado por el doctor Juan Pardinas (uno de tantos ciudadanos “incómodos” espiados por el gobierno) revela que las cámaras de diputados locales son instituciones excesivamente burocráticas, ineficientes y sobretodo poco transparentes, que resisten esclarecer sus proyectos presupuestales y el destino de sus gastos pese a que manejan cuantiosos recursos públicos (cuestan al país 13 mil 551 millones de pesos al año).
“Aunque no existe certidumbre de corrupción en los congresos estatales, sí hay evidencia de discrecionalidad y opacidad, que es la combinación perfecta para la corrupción impune”, lamenta Pardinas.
Según el IMCO esto quedó en evidencia al comparar los gastos de 13 congresos (19 rehusaron proporcionar datos) en años electorales y no electorales; flotó la porquería de lo que la investigación referida ha bautizado como las “sedesoles legislativas”.
Se trata de mecanismos de ingeniería financiera articulados en complicidad con la estructura gubernamental de cada entidad. Los gobiernos estatales no rinden cuentas ni son vigilados por el Poder Legislativo que actúan como comparsas, sin cuidar ni siquiera las formas, a cambio de carretadas de dinero para repartirlo de la manera más “conveniente” a sus intereses, sin control ni pudor, para que cada “poder” obtenga el mayor beneficio… y todos contentos, sobre todo ahora que comenzará a operar la reelección legislativa.
¿Estos hechos calificarían como una suerte de crimen organizado?
Sobran ejemplos para sustentar los señalamientos.
En Veracruz, los recursos etiquetados para la “ayuda social” de los diputados locales a la comunidad fue de 294 millones de pesos en 2016, año electoral, 4 mil 765% más si se compara con los 6 millones que se ejercieron un año antes. En Sinaloa, el gasto del Congreso no fue tan escandaloso; pasó de 14 a 36 millones, más del doble. En el Estado de México la cifra alcanzó 187 millones. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México gastó 487 millones en 2014, y en 2015, año electoral, se recetó 600 millones.
En total, la bolsa nacional para las “sedesoles sociales” en temporada electoral, fue de más de mil 300 millones de pesos.
Estos hechos denunciados por el IMCO son parte de un cáncer mayor.
“Si las cámaras de diputados en los estados fueran verdaderos contrapesos del Poder Ejecutivo, no tendríamos los delirios demenciales de corrupción que han gestado celebridades cleptocráticas, como Javier y Cesar Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés… y contando”, comenta Pardinas.
Las “sedesoles” legislativas son un grano de arena en un desierto de opacidad, donde virreyes y señores feudales operan sin control y, sobre todo, sin vergüenza.
Nunca ha ocurrido, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería hurgar en el uso y destino de los recursos públicos etiquetados por el gobierno federal a los estados, dinero que no pueden ser manejado a capricho de “la mafia del poder”, como diría el clásico tabasqueño. El presupuesto procedente de ingresos propios, como el impuesto a la nómina, loterías y otras recaudaciones, también debería ser asunto de las auditorías estatales, si es que estas se atreven a desafiar al poder local ante la evidencia de obscenidades políticas.
¿Ve usted porqué le digo que Juan Pardinas es un “incómodo” para el sistema?
EL MONJE MANIRROTO: Los capitalinos tenemos una Asamblea Legislativa demasiado onerosa; el estudio del IMCO revela que tiene a su disposición 1 mil 903 millones de pesos. Cada diputado “chilango” cuesta 28.8 millones… y hay 66. ¿Habría que reducir su número? Eso, por ahora no es tema. Primero habría que volverlos honrados y transparentes. ¿Misión imposible? Se vale soñar.