Un tribunal turco ordenó este viernes la puesta en libertad de siete de los acusados en el proceso contra el diario Cumhuriyet, uno de los casos que más críticas ha levantado sobre la situación de la libertad de prensa en el país euroasiático. Con todo, el juez decidió mantener en la cárcel por “riesgo de destrucción de pruebas” a los cuatro principales acusados: el director, Murat Sabuncu; el presidente de la fundación que lo publica, Akin Atalay; el columnista Kadri Gürsel, y el periodista Ahmet Sik, contra el que además inició una investigación por las acusaciones vertidas contra el Gobierno turco durante su encendida defensa. También se extiende la prisión preventiva para Kemal Aydogdu, un maestro sin relación con el diario al que se acusa de gestionar una cuenta de Twitter crítica con el Gobierno que se hizo eco de artículos de Cumhuriyet.
En total, 19 personas están encausadas, en su mayoría periodistas, empleados y directivos de Cumhuriyet, dos de los cuales son juzgados in absentia —un corresponsal autónomo y el exdirector Can Dündar, exiliado en Alemania—. Los restantes se encontraban en libertad vigilada. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 7,5 y 43 años de cárcel por colaborar con “grupo armado terrorista”. Según la Fiscalía, el prestigioso diario progresista ayudó a la cofradía islámica dirigida por el predicador Fethullah Gülen, a la que el Ejecutivo, de facto dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, acusa de haber orquestado el fallido intento de golpe de Estado del año pasado. Una acusación que los imputados consideran ridícula.
De hecho, Ahmet Sik, en su alegato ante al tribunal, dijo que consideraba un “insulto al periodismo y a sus valores éticos” tener que defenderse por su actividad profesional, así que lo transformó en un verdadero j’accuse contra Erdogan. En una larga retahíla de ejemplos, desgranó cómo hasta 2013 e incluso más allá, el partido islamista del presidente turco abrió las puertas de todas las instituciones del Estado a los seguidores de Gülen y demostró con datos que el hasta hace diez días ministro de Justicia, Bekir Bozdag, destinó a importantes puestos de la Judicatura a numerosos simpatizantes del predicador y actual enemigo número uno de Turquía.
Por ello, se preguntó cómo es posible que los fiscales acusen a Cumhuriyet de “organización terrorista” y a sus periodistas de gülenistas, cuando ni siquiera investigan la ayuda prestada por el Gobierno islamista a Gülen, y se den por satisfechos con la explicación dada por Erdogan: “[Los gülenistas] nos engañaron”. Sik es un gran conocedor de la infiltración de Gülen en la Administración turca y un libro suyo sobre esta cuestión fue incautado antes de que llegara a publicarse en 2011. Él mismo hubo de pasar meses en la cárcel, acusado de “golpista” por uno de los fiscales gülenistas que entonces promocionaba a Erdogan.
Pero el haber sacado los colores al Gobierno en su alegato —que concluyó con un “¡Abajo la tiranía, viva la libertad!”— no tiene visos de ayudar a su defensa. Al contrario, ha motivado que se le abra una investigación por “ofensas al Gobierno de la República de Turquía y los órganos judiciales del Estado”, que acarrea de seis meses a dos años de prisión. Al término de la sesión de este viernes, dirigiéndose al público que asistía a la vista y del que le separaban varias filas de policías vestidos de paisano, Sik criticó la decisión de mantenerlo en la cárcel gritando: “La decisión de hoy pretende que nos arrodillemos. Pero los tiranos, los pistoleros y todos los miembros de esta organización criminal deberían saber que, en mi vida, sólo me he arrodillado para besar la mano de mi padre y mi madre. Y no me arrodillaré para otra cosa”.
Se estima que el proceso contra Cumhuriyet se prolongará durante varios meses (algunos de los acusados suman ya tres trimestres en prisión preventiva), arrojando aún más dudas sobre la situación de los derechos y las libertades en la Turquía de Erdogan, convertida ya en la mayor cárcel de periodistas del mundo, con más de 150 informadores entre rejas.
Fuente: El País