Los tremendos jueces, de la tremenda corte,
tendrán que resolver el tremendo caso.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es “hipergarantista” porque defiende a ultranza los derechos humanos de los delincuentes por encima de las víctimas; permite la libertad de una horda de 15 mil criminales; opera como puerta giratoria…
Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, El Universal dio a conocer que 5 mil 67 detenidos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas han evitado la cárcel para seguir proceso en libertad, sin embargo, en la nota no se menciona cuántos de esos acusados, que en el último año libraron la prisión preventiva, han vuelto a delinquir. La duda mete miedo.
Entre otras cosas, de eso se quejan gobernadores de los estados y funcionarios del aparato federal, quienes demandan una reforma urgente al modelo penal en vigor desde un año.
Relacionar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con el aumento de la delincuencia es tramposo; una cortina de humo para ocultar las deficiencias de un viejo entramado judicial que, en realidad, se resiste a cambiar. Es tratar de tapar el pozo para ocultar la omisión ahogada por autoridades que tuvieron ocho años largos para capacitar a policías y ministerios públicos, locales y federal y no lo hicieron; que rehusaron gastar dinero en eso.
En respuesta a tan grave omisión, alertan que ciertas conductas se van a prestar a impunidad. ¿De veras? ¿En un país en el que tenemos 97 por ciento de ese cáncer? ¿Si tienen razón los gobernadores, y digo una barbaridad, vamos a rebasar el cien por ciento?
Las autoridades estatales y nacionales parecen tener una fórmula mágica para resolver dudas y entuertos: repito, meter miedo a la sociedad y al mismo tiempo promover una contrarreforma que endurezca la ley y facilite la aplicación de la prisión preventiva. Poco les vale tomar en cuenta la opinión de un experto como el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien asegura: “la prisión preventiva es una condena sin sentencia que castiga a quien no ha sido declarado culpable y con frecuencia no sanciona la ilegalidad, pero sí violenta la presunción de inocencia, una de las piedras angulares de cualquier sistema judicial civilizado. La prisión preventiva no debe ser una forma de justicia sumaria”.
En otras palabras, la solución al problema, según los detractores del Nuevo Sistema Penal, está en mandar a los transgresores de la ley al hacinamiento en cárceles atiborradas; rebasadas; volver lo más que se pueda al viejo sistema para prolongar juicios, promover la desigualdad y la corrupción, en perjuicio de que aquellos que no tienen con qué pagar un abogado, e indefensos, se ven obligados a permanecer en la cárcel por largo tiempo.
Por cierto, la mitad de los reos están encerrados por delitos cometidos que valen menos de 5 mil pesos y no puede salir del “bote» precisamente por pobres.
Hace cincuenta años José Revueltas, escritor y activista preso del ’68, dejó testimonio de la injusticia de la justicia, en el muro de su celda en el Palacio Negro de Lecumberri: “En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.
La amargura del encierro tras las rejas no ha perdido vigencia, por viejo o nuevo que sea el sistema de justicia penal.
EL MONJE OPORTUNISTA: Acoplando la cita del poeta Javier Duarte, (quien se fusiló al escritor sevillano Santiago Montoto), el Nuevo Sistema Penal Acusatorio merece “paciencia, prudencia, verbal continencia (Duarte dijo contingencia), dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia”, cuando en realidad –como reviró el colega Carlos Loret de Mola– revela violencia, carencia, emergencia; influencia en vez de conciencia; evidencia de truculencia (…) sentencia de permanencia en penitencia a conveniencia.