Benjamín Torres Uballe
El pasado martes fue un día de muchas sonrisas en la Residencia Oficial de Los Pinos. No había caras largas como en otras ocasiones. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer las cifras de los empleos generados en junio. Los números reflejaban un nuevo récord: 86 mil 233 fuentes de trabajo formales; más de medio millón de puestos laborales creados en la primera mitad del año, lo que ningún gobierno ha logrado, al menos en los últimos 30 años desde que se lleva registro.
A tan buena noticia se agregaba otra a nivel macroeconómico: la significativa recuperación del peso frente al dólar desde hace algunas semanas. Esto refleja, entre muchas variables, la confianza que en el país tienen los mercados mundiales y los grandes inversionistas. Hasta el cierre de semana, la divisa estadunidense se cotizaba por debajo de los 18 pesos al menudeo, es decir, la que se vende al público en general. Por fin, ahí estaban los hechos positivos, los que producen un aumento real en la popularidad, en la imagen, incluso en la alicaída aprobación.
Pero algo sucede en el equipo presidencial. A los innegables resultados positivos invariablemente les sigue algún acontecimiento desafortunado —llamémosle así— que echa por tierra las acciones del gobierno, esas que tanto trabajo le ha costado posicionar. La exitosa aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por Peña Nieto simplemente fue opacada por asuntos como la desaparición de los 43 normalistas, la ejecución en Tlatlaya y el más oprobioso: la Casa Blanca.
Sólo transcurrió un día luego del justificado entusiasmo del mandatario mexicano y su gabinete. Entonces surgió la constante que invariablemente parece acompañar al mexiquense: el infortunio. Un enorme socavón y la muerte de un automovilista y su acompañante —padre e hijo— en el llamado Paso Exprés en Cuernavaca —inaugurado apenas 97 días antes con bombo y platillo por el propio Presidente— dieron los “buenos días” al jefe del Ejecutivo federal.
Considerada una de las obras emblemáticas de la actual administración, la vía —cuya construcción duplicó el costo original estimado— viene a exhibir una vez más la práctica del nefasto “contratismo”. Voces de expertos en ingeniería, geología y protección civil han empezado a cuestionar severamente la calidad del proyecto y desarrollo del fatal Paso Exprés.
Funcionarios de Comunicaciones y Transportes fueron advertidos con mucha antelación de lo que podía acontecer, no obstante, esos burócratas —recomendados las más de las veces, o familiares de la nomenclatura política— minimizaron la alerta de una desgracia que se pudo evitar y que hoy tiene sumida en el dolor y desamparo a dos familias morelenses, ello a consecuencia de la indolencia y negligencia gubernamental. Por lo pronto, comenzaron a surgir las “bondades” y “méritos” de las dos empresas constructoras que se beneficiaron con la millonaria obra.
Una avalancha de suspicacias generalizada se detonó en contra de Peña Nieto y su círculo más cercano desde el escándalo de la Casa Blanca. Los enormes e inmorales negocios que se arman en la adjudicación de obra pública involucran de forma abierta o soterrada a no pocos funcionarios y sus familias en los tres órdenes de gobierno. Empresas que en sus países de origen tienen pésima reputación y han sido investigadas por conductas delictivas, en México, a pesar de ello, sospechosamente se benefician con jugosos contratos para construir. Aunque lo hagan muy mal.
“Las noticias buenas cuentan y cuentan mucho”, insiste la desgastada y poco creativa verborrea oficial. Hoy, las exiguas buenas nuevas provenientes de la administración peñista se quedan opacadas por el alto grado de corrupción y voracidad de las “transas” que impunemente se elaboran al amparo de los puestos públicos. Frases tan desafortunadas como aquella de “No te preocupes, Rosario”, alientan a pillos de cuello blanco a seguir lucrando con los recursos de los mexicanos. El colapso del Paso Exprés es sólo la punta de un inmenso iceberg de corrupción.
No basta con despedir a un negligente y mediocre funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que ignoró las alertas de los peligros que se cernían sobre la población en Morelos. La gravedad y lo vergonzoso del caso requiere una investigación amplia que abarque a todos los involucrados, sin las perniciosas excepciones que se han vuelto costumbre.
De por sí la indignación social está en niveles nunca antes vistos a causa de la violencia y la inseguridad que devastan grandes zonas del país y los innumerables casos de saqueos por parte de gobernadores y sus respectivas pandillas, a quienes se protegió hasta el último día de sus mandatos. La ciudadanía está al límite del hartazgo, no resiste más acciones miserables de la alta burocracia. Lo burdo de tanto engaño exacerba la animadversión social hacia el Presidente.
Garantizar que se aclare lo sucedido en el multicitado Paso Exprés y que se lleven ante la justicia a los verdaderos responsables, trátese de quien se trate, devolvería tal vez una pizca de credibilidad al erosionado gobierno de Enrique Peña Nieto. Quizá hasta el infortunio sea menos implacable.
@BTU15