La Procuraduría General de la República extraditó este lunes desde Guatemala al expriista; sin embargo, a pesar de ser conocido por un amplio sector de la sociedad y mostrado por distintos medios, la dependencia decidió no difundir su rostro durante su llegada al país. ¿Por qué?

El nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en funciones desde hace un año, contempla empezar cualquier caso con dos formas: uno, con la presentación de la denuncia o querella; y dos, con la detención del imputado.

La propia PGR explica que en la nueva justicia penal «se le nombra imputado» a la persona que en un proceso penal es señalada de probablemente haber cometido un delito.

El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o culpable.

Asimismo, la Procuraduría aclara que «el debido proceso penal es un derecho humano» en el que se le reconoce al inculpado la garantía a su libertad y el Estado solo podrá privarlo de la misma cuando existan suficientes elementos incriminatorios.

Además, al detenido se le deben respetar sus derechos de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar las acusaciones en su contra, de acuerdo con un artículo del magistrado de circuito Miguel Ángel Aguilar publicado por el Inacipe.

Pero el nuevo sistema de justicia penal también incluye un término clave en esta historia: presunción de inocencia.

El Consejo de la Judicatura explica que «la presunción de inocencia se erige como uno de los principales derechos que permiten al imputado arribar al juicio y que obliga al fiscal a probar su culpabilidad».

Es decir, la autoridad mexicana debe garantizar este principio a cualquier imputado, lo que significa respetarle al imputado el derecho a presumir su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

En este caso, Javier Duarte es imputado y debe ser tratado como una persona inocente a pesar de que se le investiga por lavado de dinero y delincuencia organizada, en el ámbito federal, y peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y coalición, para el caso estatal.

¿Y LA CARA TAPADA?

Cuando las autoridades detienen a un presunto delincuente se le cubre la cabeza, o mediante edición de foto y video se difumina su rostro, como ocurrió con Javier Duarte este lunes.

Con el nuevo sistema de justicia penal, las autoridades deben cuidar la imagen del detenido y no tratarlo como delincuente, ni mostrarlo de esa manera ante los medios o el público en general.

Esta regla tiene su fundamento en el mismo derecho a la presunción de inocencia, por lo cual no se debe mostrar al imputado como delincuente.

En caso de no seguir este tratamiento, la defensa de Duarte puede denunciar a las autoridades por difundir su imagen como delincuente y no respetar sus derechos.

Así que pese a todos los cargos en su contra, Javier Duarte tiene derecho a que no se le vea como un criminal hasta que no se le demuestre y lo confirme el juez con una sentencia.

Fuente: Nación 321

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