Un centenar de congresistas colombianos y chilenos han presentado este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El escrito se basa en informes de organismos internacionales, como algunas agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de ONG e información oficial, y acusa al sucesor de Hugo Chávez de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir de 2008, cuando era ministro de Exteriores, y le atribuye “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido en 2013. La iniciativa, impulsada por el senador colombiano del Centro Democrático Iván Duque, ha sido respaldada por representantes de formaciones de distintos colores y busca que la Fiscalía de La Haya abra, como primera medida, una observación en Venezuela, que firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI. El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Las acusaciones que formula la denuncia son ocho En primer lugar, “el crimen de asesinato por instigación directa e indirecta”. “Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En segundo lugar, los denunciantes le imputan una “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como “exterminio” y que entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.
En tercer lugar, “deportación o traslado forzoso de población”, algo que achacan al “uso de la fuerza física o a través de amenazas”. Los otros cargos recogidos en el escrito, de 56 páginas sin incluir los documentos probatorios aportados, son encarcelación de opositores; tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de personas” e incluso “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
La crisis institucional que atraviesa ese país recrudeció cuando el Tribunal Supremo de Justicia suspendió, a finales de marzo, las competencias del Parlamento, de mayoría opositora. Esa decisión reactivó una ola de protestas que aún no se ha detenido. En los últimos tres meses y medio han fallecido alrededor de cien personas, ha aumentado la presión de la comunidad internacional, el chavismo está dividido, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al Gobierno, se produjo la excarcelación de Leopoldo López. Pero Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, convocadas para el 30 de julio con unas reglas del juego que, según la oposición, favorecen al oficialismo.
Fuente: El País