La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite 10 acciones de inconstitucionalidad que impugnan múltiples aspectos de las nuevas leyes electorales de la Ciudad de México.
Una de ellas es por la conformación de Consejos en Alcaldías.
El ministro Eduardo Medina será el encargado de revisar las impugnaciones contra el decreto que creó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Procesal Electoral y que reformó la de Participación Ciudadana y el Código Penal para la CDMX.
El análisis no tendrá pausas pese a las vacaciones del Poder Judicial, pues cuando se trata de asuntos relacionados con la materia electoral todos los días son hábiles.
El ministro Medina Mora deberá alistar el proyecto de sentencia sobre las 10 acciones de inconstitucionalidad para que, una vez que el pleno de la SCJN regrese de vacaciones el próximo 1 de agosto, se agende y sea discutido lo antes posible.
En un acuerdo publicado este miércoles, la Corte otorgó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Asamblea Legislativa un plazo de seis días naturales a los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
También se requirió al consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que informe a la Suprema Corte la fecha en que iniciará el próximo proceso electoral en la entidad, mientras que a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Para la PGR son inconstitucionales 40 fracciones de 10 artículos del Código Penal por la tipificación de diversos delitos contra la democracia electoral.
Morena impugnó 29 artículos mientras que una minoría parlamentaria de la ALDF tilda de ilegales las reglas de elección e integración de las alcaldías en que se dividirá la Ciudad de México.
Quienes también presentaron sus inconformidades ante el máximo tribunal del país son el Partido del Trabajo, Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Fuente: La Razón