Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, respondió a Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano Para la Competitividad (Imco), quien señaló que el legislador decidió cancelar la discusión legislativa sobre el tema de espionaje del gobierno federal hacia defensores de derechos humanos y periodistas.

En entrevista para el espacio de José Cárdenas, comentó que el papel del presidente del Senado, entre muchos otros, es ordenar y conducir el debate de la discusión legislativa que pactan los grupos parlamentarios antes de las sesiones, todos los días miércoles, en una reunión donde se establece cuál será la orden del día; ahí, dijo, todos los partidos pactaron un debate, este acuerdo se llevó al pleno y se votó por unanimidad por 19 diputados y 18 senadores de todos los grupos parlamentarios.

«Decir que yo cancelé la discusión legislativa, es que Juan Pardinas anda desinformando, anda distraído, tiene mucha chamba y no se entera bien de lo que sucede», indicó Escudero.

Al referirse al «bloqueo de la comparecencia» del que habla Pardinas, dijo que el director del Imco «ya debería saber cuál es el procedimiento para citar a comparecer a un secretario de Estado, lo detalla perfectamente la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento del Senado, donde poco o nada tiene que ver el presidente del Senado».

Subrayó que no es correcto estar desinformando a la audiencia, pues lo que el presidente del Senado hace es poner orden en los debates con los mandatos de los grupos parlamentarios; el de día de ayer fue pactado por todas las fuerzas políticas.

Pablo Escudero apuntó que ante hechos como este de presuntos espionajes, el actuar del Poder Legislativo, que en este momento se concentra en 19 diputados y 18 senadores que conforman la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene que hacer un trabajo jurídico, un análisis legal de toda la información, para determinar si hay elementos para iniciar una comisión de investigación, como lo señala la propia normatividad constitucional de la ley Orgánica, o si se tuviera que llamar a comparecer a algún secretario de Estado o entidades que compraron el software.

De igual forma, el presidente del Senado de la República se refirió a la actuación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en este asunto, la cual, dijo, también está integrada por legisladores de las diferentes fuerzas políticas.

En ella, comentó, «comparecen los secretarios encargados de temas de seguridad nacional y me parece que por ahí se puede empezar, con una plática para determinar cuáles son los software que se han comprado, para qué se están utilizando; hay un registro evidentemente que lleva el gobierno federal de cuáles son las intervenciones telefónicas que se hacen y sin duda eso es legal, está contemplado en las leyes, hay ahí estipulado de manera clara que para hacer esto se requiere de una orden de juez de control, me parece que la numeralia pudiera enterarse en esta Comisión».

Reconoció que en el tema de intervenciones telefónicas a los cárteles de la droga y de algunas carpetas de investigaciones de delincuencia organizada, por su índole de seguridad interna, está reservada, clasificada y no se puede abrir al menos en cinco años.

«Pero tengo entendido que en la Comisión Bicameral ha habido gran apertura por parte de los secretarios para platicar o por lo menos para tener una numeralia de cuántas son estas intervenciones telefónicas, a qué carteles se está haciendo, cuáles son estos esquemas de delincuencia organizada y tener, por lo menos, un parámetro de dónde se están usando estos software», concluyó.