El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, escribió el New York Times el pasado 19 de junio.
NSO Group, desarrolladores del potente sistema, aseguran que su producto solo es vendido a gobiernos para que sea utilizado para salvaguardar la seguridad nacional de los estados.
Con el paso de los días más información ha salido a la luz. Aunque su principal propósito es para investigar criminales y terroristas, el malware presuntamente fue utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.
La Procuraduría General de la República (PGR) terminó de instalar a Pegasus en marzo de 2015, cuando Arely Gómez era la titular de dicha dependencia. El poderosos sistema de de espionaje fue adquirido en octubre de 2014, cuando Jesús Murillo Karam estaba al frente de dicha procuraduría y Tomás Zerón era el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Arely Gómez fue nombrada procuradora General de la República el 27 de febrero de 2015, en sustitución de Murillo Karam.
La época en los que se produjeron los intentos de espionaje denunciados por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos fue a partir del 10 de noviembre de 2015. El manejo de Pegasus quedó en manos de Gómez gracias a Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien era el jefe de la Oficina de la Procuradora, según un acta administrativa de la PGR, de la cual Grupo Milenio tiene una copia.
En dicho documento, de cuatro hojas, se asentó que Ramírez Gutiérrez recibió el malware de manos de Rafael Avilez, director general de Información de Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Avilez aparece en los documentos como “administrador del contrato” entre la PGR y la empresa proveedora del malware, Grupo Tech Bull SA de CV. Ramírez Gutiérrez quedó como “administrador y operador del sistema”.
El Cenapi, área de inteligencia de la PGR adscrita a la AIC, tuvo a su disposición Pegasus desde marzo hasta que fue concentrado por la Oficina de la procuradora, en noviembre de 2015.
Ramírez Gutiérrez es el actual coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control en la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez es la titular de dicha dependencia.
En un lapso de cinco días, se capacitó a 25 personas para que operaran Pegasus. El programa tenía capacidad para espiar a 500 personas al mismo tiempo, según el documento.
La intervención de dispositivos se le denomina “Sistema para la realización de actividades sustantivas” y como ya se mencionó anteriormente, el proveedor del sistema fue la empresa Grupo Tech Bull SA de CV.
La Oficina de la procuradora recibió el “hardware, software y documentos sobre la implementación y capacitación, garantía de un año y papelería que acreditaba la realización de los cursos de capacitación del uso del sistema para 25 personas en grupos de ocho cada uno”, según el acta.
La PGR, la Secretaría de Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) eran las dependencias que operaban el sistema, de acuerdo con el informe de Citizen Lab sobre activistas y periodistas.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), recibió dos mensajes SMS en diciembre de 2015, un mes después de la entrega del sistema a la Oficina de la procuradora. En los mensajes de texto se incluye un hipervínculo, que en caso de abrirse por el usuario, Pegasus entra al sistema y el dispositivo se convierte en instrumento de espionaje.
En febrero de 2016, los otros activistas y periodistas empezaron a recibir mensajes con ligas a Pegasus.
En dicho año, los periodistas Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena recibieron mensajes de texto.
Los activistas Alexandra Zapata del Imco, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro también recibieron SMS sospechosos con el hipervínculo en el 2016, así como Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor y Simón Barquera, del Instituto de Salud Pública.
El 29 de octubre de 2014 se firmó el contrato para adquirir Pegasus. La PGR pagó 32 millones de dólares, según se informó en Noticieros Televisa.
Fuente: Milenio