Gabriel Casillas
Ya falta menos de un año para las elecciones presidenciales de 2018, que se llevarán a cabo el domingo 3 de junio del año que entra. No obstante lo anterior, considero que todavía falta mucho tiempo para poder tener un buen pronóstico sobre cuál puede ser el resultado más probable de dicha elección (“Riesgos geopolíticos”, 18 de abril). A pesar de esto, considero que sin importar quién vaya a ser nuestro próximo presidente, los retos que va a enfrentar serán exactamente los mismos. Ya veremos si los desea atajar o si prefiere “darles la vuelta” con otras políticas que pueden a nuestra economía creciendo a tasas bajas.
Considero que nuestro siguiente presidente va a enfrentar cinco retos:
(1) Fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. La nueva administración de los Estados Unidos ha puesto en duda varios de los pilares con los que hemos ido construyendo una relación con nuestro país vecino del norte (no solo comercial). Yo espero que para cuando nuestro siguiente presidente tome posesión, ya hayan terminado las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No obstante lo anterior, el errático comportamiento del Presidente de EU, Trump, no me permite pensar que “todo va a estar bien”, por lo que fortalecer las relaciones entre México y EU será el primer reto que enfrente la siguiente administración de nuestro país.
(2) Reforma judicial profunda. En mi opinión, este es “el elefante en la habitación”, como se dice en los países de habla inglesa. En México, la persecución del delito y la administración y procuración de justicia se llevaban a cabo de una manera poco ortodoxa. El gran poder con el que contaba el poder ejecutivo antes de mediados de los noventa, así como nuestra incipiente democracia y la falta de transparencia, permitía una aplicación de la justicia “a modo”, que incluía la violación masiva de derechos humanos. Salvo en ciertas zonas geográficas de nuestro país, coexistían la falta de estado de derecho, con bajos niveles de violencia. Las circunstancias han cambiado significativamente y la falta de estado de derecho se ha vuelto insostenible. Se necesita mejorar significativamente la profesión policiaca, con un sistema de compensación y dignificación que les permita ser una fuerza respetada y con incentivos para cumplir y hacer cumplir la ley, en lugar de ser el penúltimo o último trabajo que alguien quisiera desempeñar, salvo algunos casos decorosos. Asimismo, se necesitan un número mayor de jueces, más preparados y con una estructura de incentivos que les permita cumplir con su labor. Las baterías de nuestro siguiente presidente deberían estar concentradas en este punto para completar el ciclo de modificaciones que ha necesitado México desde que inició la privatización de empresas paraestatales y apertura comercial, a finales de los ochenta. En mi opinión, esta reforma -que fortalecería el estado de derecho-, es la clave para que nuestro país pueda alcanzar mayores tasas de crecimiento (“Estado de derecho y crecimiento económico”, 4 de noviembre, 2014). Adicionalmente, el apego al estado de derecho mejoraría significativamente la credibilidad en los procesos electorales, entre muchos otros aspectos de nuestra economía. Para llevar a cabo esta reforma es necesario asignar una cantidad mucho mayor de recursos, por lo que se necesitaría instrumentar también una reforma fiscal.
(3) Reforma fiscal integral. Considero que no tengo que elaborar mucho en este punto, dado que es ampliamente conocido. Nuestro país requiere una mayor base de contribuyentes, más incentivos para invertir y una mayor transparencia en la asignación del gasto público, empezando por hacer un padrón único de personas que reciben subsidios. Para esto, considero que es imperativo llevar a cabo una disminución de la tasa de Impuesto sobre la Renta corporativo (ISR) y la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras modificaciones, que requieren de un mayor espacio para ser discutidas. La aprobación de una reforma así sería todavía más apremiante si se aprueba una reforma fiscal en EU (“Reforma fiscal en EU (II): Consecuencias potenciales”, 23 de junio).
(4) Poder legislativo más eficiente. Ya tenemos un órgano colegiado que realmente sirve de contrapeso para el poder ejecutivo, pero considero que es demasiado grande y caro. En mi opinión, 300 diputados y 64 senadores serían más que suficientes para la labor que llevan a cabo, en comparación con otros países (en términos per capita), en lugar de los 500 diputados y 128 escaños en el Senado que existen actualmente. A pesar de mi rechazo a los llamados “plurinominales”, considero que nuestro país sí los necesita todavía, por lo que dejaría 100 diputados y 32 senadores bajo esta modalidad; y
(5) Continuar con la instrumentación de reformas estructurales aprobadas en esta administración.
*El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional del Estudios Económicos del IMEF.
Twitter: @G_Casillas