Para el colega David Fuentes, narcoamenazado
El escándalo de espionaje publicado por el diario The New York Times, vino a documentar la visión de un gobierno obsesionado con sus intereses políticos para no perder el poder.
La intromisión en la vida privada y pública de políticos, activistas sociales y periodistas incómodos nos enseña el lado paranoico de una administración enfocada en descubrir, perseguir, hostigar y amedrentar a potenciales enemigos… y adeptos (para que lo sigan siendo).
No es casualidad que el común denominador de las víctimas del software Pegasus concentren sus esfuerzos profesionales en promover la transparencia e investigar temas relacionados con la corrupción, justo el talón de Aquiles de toda la clase política.
El escándalo cobra dimensión mayor cuando aparecen las cifras del México rojo.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mayo pasado fue el mes con más asesinatos de los últimos 20 años. Utilizar los sistemas de inteligencia nacional para espiar a quienes no representan un riesgo para la paz social suena a contradicción justo cuando el combate a la inseguridad hace agua por todos lados.
Pero no solo se trata del número de homicidios dolosos. La inteligencia ha fallado una y otra vez cuando se trata de perseguir a los verdaderos enemigos del país que no hacen más que expandirse.
¿Dónde estaban los “ciberespías” cuando El Chapo Guzmán se fugó del penal del Altiplano?
¿Por qué no se detectó y evitó a tiempo el crecimiento de las bandas “huachicoleras”, ladronas de combustibles?
¿Por qué los estadunidenses y no las autoridades mexicanas detectaron que el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, era un cabecilla del narcotráfico?
¿Por qué no se investigó a los gobernadores presos (el par de Duartes y Borge) cuando sus corruptelas estaban a la vista de todos?
Nada se hizo porque no era importante, y no por falta de capacidad de las instituciones.
Las capturas de los ex mandatarios rateros muestran que cuando se quiere se puede, y también que el gobierno necesita fuertes presiones sociales para emplearse a fondo ante los temas de la agenda que agravia al país.
Independientemente de las investigaciones prometidas por la PGR, la administración de Enrique Peña Nieto debe aclarar cómo es que herramientas compradas para proteger a México son usadas son fines tan distintos a su objetivo.
Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen de Gobernación o la Defensa Nacional utilizaron el software “maligno” para espiar a los nombrados en el artículo de NYTimes. Pero el gobierno sí tiene manera de averiguar qué sucedió; que dependencias compraron el programa; qué, cómo y cuales funcionarios lo utilizaron indebidamente.
El hacker podrá no deja huellas en los dispositivos intervenidos, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de gobierno, o de alquiler o venta venal del sistema a terceros.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tiene la responsabilidad de intervenir y verificar, porque según el amplio reportaje publicado en el NYTimes se están utilizando nuestros datos personales de seguridad sin ningún control. También hay que empujar la acción de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, para que revise los contratos del gobierno con la empresa israelí que vendió el software Pegasus.
Ante todo esto, el gobierno no debe quedarse mudo ni hacerse el desentendido. La omisión no es opción.
EL MONJE RESPONDÓN: Preocupa que el presidente de la República se sienta espiado, como dijo. O es cándido o busca empatía con los incómodos atropellados por la sospecha de hostigamiento en su contra. Decir que el Gobierno espía la vida pública, privada e íntima de particulares mediante supuestas intervenciones de espionaje es aventurado. De acuerdo, puede ser que el gobierno como tal no espíe, pero seguro es que alguien dentro del gobierno, algún cavernario retrograda, sí lo hace. Que se abran carpetas de investigación, sí, pero primero, que nazca la Fiscalía General de la República como una entidad autónoma del Poder Ejecutivo, de otro modo cualquier indagatoria de la PGR, a las órdenes presidenciales, carecerá de legitimidad y credibilidad. ¿O usted qué opina?