El presidente brasileño, Michel Temer, intentó «obstaculizar investigaciones» y «dejó de comunicar a las autoridades» sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, según un informe de la Policía Federal entregado hoy al Supremo.
El informe, obtenido y publicado por medios locales, complementa otro remitido al Tribunal Supremo la semana pasada, en el que la Policía Federal concluyó que Temer actuó «con vigor» en tramas de corrupción de las que obtuvo «ventajas indebidas», en alusión a supuestas comisiones ilegales.
Esas conclusiones, que son resultado de las investigaciones abiertas en torno al mandatario por confesiones de ejecutivos del grupo JBS, fueron entregadas al Supremo en vísperas de que, este martes, venza el plazo dado por esa corte a la Fiscalía para decidir si presenta una denuncia formal contra el mandatario.
Los directivos de JBS, que cooperan con la justicia, aseguraron que sobornan a Temer desde 2010 y que además entregaron unos audios que pueden comprometer al gobernante.
En esa grabación, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.
También se escucha a Batista insinuar que paga al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción, gruesas cantidades de dinero mensuales a cambio de que no coopere con las investigaciones, frente a lo cual Temer dice: «Tienes que mantener eso, viste».
Según la Policía Federal, el audio no ha sido objeto de ninguna edición, como sostiene la defensa de Temer, y es un claro indicio de que el presidente incurrió en los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, en conjunto con lo que pudiera ser definido como una «asociación ilícita».
Por las confesiones de JBS, Temer es investigado en el Supremo por esos supuestos delitos: corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La denuncia que se espera que presente la Fiscalía General, que tiene plazo para ello hasta mañana, estará apoyada en los informes que ha entregado la Policía Federal, que ha estado a cargo de las investigaciones desde el punto de vista técnico.
Si la denuncia es efectivamente presentada, el Supremo analizará el asunto y, si considera que procede, la remitirá a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe decidir sobre la aceptación o no de cargos formulados contra un gobernante en ejercicio del poder.
Fuente: Excélsior