Los servicios policiales y de seguridad británicos se rigen por leyes de vigilancia que están entre las más poderosas del mundo, con poca supervisión judicial y ante falta de críticas en cuestiones de privacidad por parte de un público que, por lo general, confía en su gobierno y en el servicio civil.

Abundan las cámaras de videovigilancia, especialmente en las ciudades, y hay pocas restricciones a la recolección masiva de datos telefónicos y de internet por parte del gobierno

Eso despierta una pregunta incómoda: ¿qué tanto más se puede hacer para prevenir el tipo de atentado terrorista en el que murieron siete personas en Londres el sábado 3 de junio?

Después de vivir tres atentados en un plazo de 73 días, y justo antes de las elecciones parlamentarias del 8 de junio, Gran Bretaña está inmiscuido en un nuevo debate sobre el balance entre la seguridad y las libertades civiles.

Es un dilema ya conocido en Estados Unidos y en partes de Europa como Francia, que en años recientes ha sufrido atentados terroristas todavía más mortíferos que los británicos y se encuentra en estado de emergencia.

Pese a la presencia de las fuerzas armadas en espacios públicos, así como a poderes amplios de detención y vigilancia, su impacto ha sido limitado y, posiblemente, solo ha provocado que comunidades de por sí marginadas se sientan aún más hechas de lado.

La primera ministra Theresa May declaró el domingo 4 de junio, la mañana después del ataque en el Puente de Londres y el mercado Borough, que “hay, francamente, demasiada tolerancia al extremismo en nuestro país”.

Anunció planes antiterrorismo que despertaron preguntas sobre su efectividad y la protección de libertades civiles, como condenas más fuertes por delitos vinculados y un esfuerzo por monitorear los espacios donde alguien se podría radicalizar tanto en línea como en comunidades musulmanas segregadas en las que puede florecer el extremismo.

“Por mucho tiempo, este gobierno no se fijó propiamente en la ideología del islam radical, sino en la ley y el orden”, dijo Alan Mendoza, director ejecutivo de la Henry Jackson Society, un grupo de investigación conservador que estudia temas de democracia y antiextremismo.

François Heisbourg, experto en seguridad y asesor del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó que sí es necesario tomar en cuenta los retos de la radicalización dentro de comunidades como las musulmanas marginadas.

Sus habitantes “no son muy buenos para monitorearse a sí mismos”, dijo Heisbourg. Destacó que se necesita una mayor disposición por parte de las autoridades para utilizar los poderes que ya les otorga la ley.

En momentos en los que hay cada vez más ansiedad sobre el terrorismo, es algo que los europeos probablemente estén dispuestos a aceptar. No hubo protestas cuando el nuevo gobierno francés sugirió en mayo que buscaría extender, por sexta ocasión, el estado de emergencia bajo el cual ha estado el país desde noviembre de 2015.

Sin embargo, no queda claro si la solución realmente está en reforzar la vigilancia y las medidas policiales.

Desde el año pasado está vigente una legislación que está entre la más abarcadoras del mundo que empodera a las agencias a monitorear el tráfico telefónico y en internet. Pueden tener acceso a todos los metadatos de comunicaciones en línea sin necesidad de un aval judicial, aunque no al contenido de los mensajes particulares.

“En cuanto al poder de vigilancia, Gran Bretaña ya está mejor equipado que casi cualquier país europeo”, dijo Peter Neumann, profesor de estudios sobre seguridad en King’s College London y director del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización. “No hay revisión judicial: los integrantes del gabinete firman las órdenes y el poder ejecutivo prácticamente se da permiso a sí mismo”.

Y las nuevas promesas de May, antes ministra de Interior, han sido recicladas de plataformas anteriores del Partido Conservador, criticó el académico. Agregó que tampoco son nuevas las críticas del partido sobre que empresas de internet y redes sociales se resisten a la vigilancia gubernamental de posibles sospechosos.

De hecho, dijo Neumann, las compañías informáticas son mucho más receptivas en la actualidad a solicitudes del gobierno para cerrar cuentas o videos que promuevan posturas extremistas en comparación a hace tres años. Sin embargo, eso también ha llevado a los extremistas a usar canales cifrados para comunicarse, como Telegram.

“No se puede erradicar el internet”, dijo Neumann. “Esta gente no ha desaparecido, se trasladó a una nueva plataforma mucho más difícil de monitorear para las agencias de inteligencia”.

La misma May ha urgido a los gobiernos democráticos a exigir que haya más controles sobre la manera en la cual servicios como WhatsApp y FaceTime pueden ser usados por atacantes para diseminar mensajes de odio y para promover posturas entre una audiencia global digital.

Después del ataque terrorista en Mánchester, por ejemplo, May dijo que reformularía con legisladores la posibilidad de forzar a las empresas tecnológicas a que den acceso a las empresas de inteligencia a sus servicios de mensajería cifrada para el monitoreo de mensajes enviados por personas que se sospecha vayan a planear un ataque.

Son llamados que han causado preocupación en Silicon Valley y entre activistas de privacidad en línea.

Fuente: TNYTimes