Los lavaderos

Carlos Ferreyra 

Nunca hubo misterio en la ordeña de ductos gasolineros, en Puebla todo mundo conocía a los autores y sabía hasta los lugares donde sería expendido a bajo precio el combustible.

En la leve subida que pasa por Payuca, a la mitad entre Cuyoaco y Libres, solía colocarse un camión de carga de tres toneladas, repleto de tambos plásticos. Un  Nada discreto letrerito al lado anuncia: litro de 7.00 pesos.

A menos de diez kilómetros se encuentra un puesto de la Policía Federal cuyos uniformados pasean arriba y abajo. Son respetuosos, no se ve que molesten a nadie y menos que a nadie, a los comerciantes de gasolina de dudosa procedencia.

En la hoy celebérrima zona Roja que sube hasta Tepeaca, fueron detectados en menos de un año hasta tres mil perforaciones. Y cientos de vehículos cargados de tambos y hasta tinacos hasta el tope de combustible robado. O permisivamente sustraídos de los ductos de Pemex.

Nadie puede llamarse a engaño. En páginas de internet anunciaban dónde y a cuánto podía comprarse. El cruce de la carretera federal procedente de Veracruz, El Carmen, en territorio de Tlaxcala, creció el centro comercial en el que antes unas cuantas tienditas ofrecían las tradicionales tortas y los panes de pulque.

La cola de camiones de carga que reclamaban la gasolina creció de tal manera que en el camino federal sólo quedaba un carril de cada lado para circular. El resto era ocupado por quienes esperaban turno para la compra.

El gobierno de Moreno Valle, ocupado en la suntuosidad de obras para el primer mundo, ciclopistas aéreas, ruedas como en Londres, museos que humillan a los Guggenheim, nunca se interesó por el crecimiento aritmético de las perforaciones y los poblados dedicados, completos, a la naciente y productivísima industria de la ordeña. Las familias enteras encontraron un medio de vida decente, sobre la indecencia del robo.

(Dato no comprobado, versión libre: a los ordeñadores de vacas y chivas en algún idioma vernáculo se les llama algo parecido a guachicoles. Los ordeñadores de ductos serían, pues, huachicoleros).

Tras la batalla entre ladrones de combustible y el Ejército, ahora todo mundo sabe quiénes son los cabecillas, dónde viven y hasta se publican sus domicilios. Se relata por donde se mueven, mencionan su círculo social. Si los conocían y sabían a qué se dedicaban la culpa no es de un pueblo adiestrado para esas tareas ilegales, que ahora reclama su derecho a seguir robando, pide el retiro del Ejército y la liberación de los criminales que mataron a cuatro soldados.

No se olvide, aclaración para los piadosos de siempre, los políticamente correctos, que los huachicoleros salieron a “defender” sus camiones acompañados por sus esposas y sus hijos pequeños. Un escudo inadmisible, cruel e inhumano cuyas consecuencias finales sólo deben cargarse a la cuenta de los ladrones.

En franca competencia con los poblanos, los guanajuatenses registraron en un año poco menos de tres mil válvulas clandestinas, tres espectaculares incendios y ningún detenido. Las zonas de robo están situadas cerca de las instalaciones de Salamanca donde opera la refinería de derivados de petróleo.

En esta región se instalaron válvulas para detectar en forma inmediata la pérdida de presión del producto. Se hizo gran escándalo y cinco años después nos enteramos que fueron contratadas nuevas empresas para colocar otros detectores porque los anteriores fueron dejados fuera de servicio casi apenas al ser instalados.

¿Por qué nunca se denunció tal irregularidad? Simple, porque se trata de un negocio en el que hasta ahora sólo caben los petroleros, los propietarios de la frase “el petróleo es nuestro”. En Michoacán, tiempos de los Templarios y de la Familia, jóvenes armados a bordo de camionetas Lobo de lujo o de Hummer igualmente de lujo, recorrían los poblados carreteros donde había gasolineras.

Ofrecían protección, inicialmente, luego pago de cuotas casi simbólicas  o cambiaban de propuesta: con tarjetas de presentación ofrecían gasolina a precio casi regalado. Si el dueño del negocio no aceptaba, la consecuencia inmediata, no se discutía, era el incendio de la estación.

Como alternativa compraban la gasolinera. Lo curioso, es que la adquisición de producto robado era aceptado por inspectores de Pemex, que se hacían de la vista gorda. Cada distribuidora tiene cierto registro de venta de combustible, controlado por computadora. En el caso de que se reporte más venta que el producto adquirido, la paraestatal suspende los tratos comerciales mientras la Procuraduría General investiga y, en su caso, consigna.

Cabe mencionar que las oficinas de los ladrones de combustible estaban o están situadas públicamente en el centro de Uruapan. Y que quienes negocian con el empresario afectado son los funcionarios encargados de imponer orden. Ellos son quienes negocian la compraventa del negocio, donde se podrá vender gasolina robada sin molestos inspectores oficiales que delaten.

Y se muestran sorprendidos…

carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com