Guillermina Gómora Ordóñez
La muerte tiene permiso en territorio tamaulipeco. La guerra que libran grupos delincuenciales por el control del estado, así como con las autoridades que los combaten, ha creado un clima de psicosis y terror entre los ciudadanos.
Los muertos y las balaceras son cosa de todos los días, “se rompieron los códigos”, dice un amigo que salió huyendo de Reynosa hacia Estados Unidos; El ortodoncista afirma: “en cualquier momento podía morir por una bala o ejecutado por no pagar el derecho de piso… mi familia estaba en riesgo”.
Historias que se repiten, una tras otra; la gente mayor relata que la presencia y operación del narco en Tamaulipas no es reciente, “ya nos habíamos acostumbrado, en otra época respetaban a la población y no se metían con nosotros”. Sin embargo, “hoy es mejor quedarse callado, esconderse, vivir con miedo”, dicen.
Afirman que el terror no es sólo a causa de los grupos del crimen organizado, la gente también teme a las autoridades por la colusión que existe entre unos y otros. La incertidumbre e inseguridad flotan en el ambiente, dominan cada uno de sus actos.
Nos confían que el asesinato de la representante del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, por un grupo de hombres armados la noche del miércoles 10 de mayo, en su casa, donde contaba con vigilancia, evidencia las componendas y podredumbre del sistema.
Un narcosistema al que combatió y exhibió, luego del secuestro de su hija en 2012 en San Fernando; Miriam investigó, halló los restos de su hija y entregó a las autoridades a los responsables del crimen.
Paradójicamente, el mes pasado la activista participó en la caravana contra el miedo en su paso por las ciudades de McAllen y Brownsville, Texas; hoy, su lucha por recuperar la paz y la seguridad para sus paisanos le costó la vida.
El tema de los desaparecidos en Tamaulipas, eriza la piel no sólo por la forma en que se registra, sino porque los números crecen de manera exponencial, hasta el pasado 31 de enero estaban registradas 5 mil 558 personas desaparecidas en el estado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tamaulipas es la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el país, seguido del Estado de México con: 3,351 y Jalisco con 2,634.
Los gobiernos estatales han sido omisos en la responsabilidad para acabar con esta nefasta práctica. Por ello, la comunidad tamaulipeca pidió auxilio a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a los activistas. Como es evidente de poco sirvió el exhorto y Miriam fue asesinada.
Ahora, escuchamos una vez más que la Secretaría de Gobernación y la ONU “condenaron el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez e hicieron un llamado a las autoridades a realizar una investigación a profundidad”. ¡Ajá! Nada pasará, lo hemos visto en otros casos.
Lamentablemente Tamaulipas es muestra clara y palpable de una estrategia federal fallida en materia de seguridad. Los políticos y los narcos se hermanaron. La coordinación estatal y federal es dudosa; el estado es controlado por los grupos delincuenciales que acosan a la población.
En los últimos años la entidad registra los más altos índices en los delitos que máyormente lastiman a la población, como secuestro, robo, extorsión y desapariciones.
El próximo lunes 15 de mayo sesionará el Gabinete de Seguridad Federal en Reynosa, tres años después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong pusiera en marcha la estrategia de seguridad para el estado y lo dividiera en cuatro zonas.
El 13 de mayo de 2014, Osorio anunció: la instalación de cuatro fiscalías regionales por parte de PGR; el reforzamiento de las bases de operación mixta en puntos carreteros, la revisión en los penales estatales, el énfasis en municipios prioritarios como Tampico, la revisión y clausura de giros negros y otros focos de actividades ilícitas y de violencia.
¿Qué pasó, quién falló? Los tamaulipecos viven con miedo.
Vericuentos
Apariciones
Más de uno se quedó con el ojo cuadrado en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, cuando el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, visitó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Oficialmente se informó que acudió a presentar a funcionarios capitalinos un nuevo índice de seguridad con bienestar, llamado “índice glac” que evalúa tres aspectos: político-social; económico-financiero y seguridad- justicia. ¿En tiempos electorales? ¡Órale!
Cuentas claras
Crece la exigencia de que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, lleven a cabo una fiscalización al partido MORENA en relación al origen de los recursos con los que financió sus actividades electorales durante el proceso de 2016, así como a los que se desarrollan en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. El grupo parlamentario del PRI en el SENADO, recuerda aquello de ¿Quién pompó? ¡Uff!
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