«Nuestra esperanza es alcanzar un acuerdo apropiado con las autoridades de México», dijo Mike Munro, director de Cumplimiento de Odebrecht. «Esperamos un acuerdo transparente, similar al que hemos alcanzado en otros países, donde la sanción sea adecuada… Lo más importante en México es que nos enfrentamos a lo desconocido porque hay cosas que aún se tienen que resolver. ¿Hay todavía más? ¿Quién más está involucrado? Hasta que estas respuestas salgan a la luz no puedo pensar que habrá mucho avance, para ser honesto», dijo.
«Odebrecht es una gran empresa, que cometió errores, pero tiene un interés por seguir trabajando en México», dijo Munro sobre la constructora, cuyos contratos más relevantes en el país son el ducto Los Ramones y reparaciones en refinerías (Tula, Salamanca y Minatitlán). «Estamos buscando más trabajo y nuestra gente sólo se puede concentrar en demostrarle a la comunidad de negocios que somos el socio indicado».
La constructora brasileña, la más grande de América Latina, admitió en diciembre pasado haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares para obtener contratos públicos en México, en un periodo que va de 2010 a 2014. Parte de lo que está negociando con las autoridades de cada país es la develación completa del esquema de corrupción, incluyendo los nombres de sus ejecutivos y de los funcionarios públicos involucrados.
«No podemos modificar el pasado. Lo hecho hecho está. Fue equivocado, estuvo mal», dijo. «Tenemos que pagar las multas que correspondan en cada jurisdicción y modificar nuestra forma de hacer negocios», dijo Munro, un experimentado ejecutivo de ética y cumplimiento que antes de sumarse a las filas de Odebrecht pasó por The Dow Chemical Group y Baker Hughes. Él está encargado de desarrollar la nueva política de la compañía para hacer negocios en los 25 países donde opera. Esta política implica controles para evitar prácticas corruptas; «es posible hacer negocios sin recurrir a la corrupción, incluso en entornos de alto riesgo».
Desde la revelación el 21 de diciembre pasado del acuerdo de Odebrecht con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, que le impuso una multa de 2,600 millones de dólares por realizar sobornos en 12 países, incluido México, para obtener contratos públicos, la compañía ha emprendido una estrategia de colaboración judicial en la que admite la conducta ilegal y se compromete a pagar sanciones. En algunos casos también participa en nuevas investigaciones para ofrecer información sobre corrupción de agentes de gobierno.
La entrevista fue este jueves en una sala de la oficina de Odebrecht en la Ciudad de México: como alegoría de los tiempos que vive la compañía, y de los días ajetreados de Munro, una pantalla digital en la sala mostraba «La gran ola de Kanagawa» de Katsushika Hokusai, donde los navegantes de tres barcos sortean una inmensa tormenta en altamar frente al monte Fuji.
«Para erradicar la corrupción en una empresa grande se necesita invertir mucho dinero, no son 50,000 ni 100,000 dólares, sino mucho más… Los gastos son enormes porque se tiene que entrenar, educar, identificar problemas, resolver asuntos y mejorar controles. Es una inversión muy rentable. Se tiene que hacer todo porque Odebrecht no va a tolerar que esto vuelva a pasar, es grave y la gente puede perder su empleo e ir a la cárcel», dijo.
Munro se unió a Odebrecht en junio de 2016, en medio de la tormenta que atraviesa la compañía desde el 2014, cuando la justicia de Brasil reveló una gigantesca trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras, que involucra a funcionarios públicos, políticos y empresarios brasileños, en la llamada operación Lava Jato (Lavado Exprés). Cuando llegó a la sede matriz de Odebrecht en Sao Paulo, aún estaba fresca la noticia de la sentencia contra Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación delictuosa. «Es un mensaje muy importante», lo califica Munro.
Después vino el acuerdo judicial del 21 de diciembre, cuando se supo que la constructora y su filial Braskem habían diseñado una oficina de sobornos a través de la cual pagaban a funcionarios públicos para obtener jugosos contratos. En total, la suma supera los 785 millones de dólares en 10 países de América Latina ―Brasil (349 millones), Venezuela (98), República Dominicana (92), Panamá (59), Argentina (35), Ecuador (33.5), Perú (29), Guatemala (18), Colombia (11), México (10.5)― y dos de África ―Angola (50) y Mozambique 0.90).
Las labores de Munro lo hacen parecer un bombero o un infectólogo, que recorre los departamentos de la compañía durante la mayor crisis de su historia; él prefiere definirse como un ingeniero que construye los protocolos para evitar corrupción. Desconoce si la constructora más grande América Latina, fundada en Bahía en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht, será igual de exitosa en el futuro sin recurrir a prácticas de corrupción, lo que tiene seguro es que ejercerá con una nueva manera de hacer negocios, que le permita reconstruir la confianza con la comunidad y con sus socios.
«Otras compañías han cometido errores más graves y han salido adelante. Nosotros también podemos hacerlo», dijo.
Es un gasoducto de 441 kilómetros que va de Nuevo León a San Luis Potosí, por un monto de 1,052 millones de dólares. Odebrecht obtuvo la adjudicación por parte de Pemex en 2013 a través de su filial Tag Pipelines, para desarrollar el gasoducto mediante un contrato de 935 millones de dólares. Para este desarrollo, Odebrecht formó el consorcio llamado AOT Pipelines con la mexicana Arendal y la argentina Techint.
Fuente: El Economista