El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló solicitó el miércoles activar un proceso de bancarrota para restructurar la masiva deuda de la Isla después que fracasaran conversaciones con los acreedores.
Roselló informó que ha solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso Federal para monitorear la crisis, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Esa disposición da paso a una restructuración de la deuda similar a un proceso de bancarrota, pero es supervisada por una corte con el fin de garantizar los intereses del pueblo puertorriqueño.
La restructuración de la deuda puertorriqueña, que alcanza los US $70mil millones de dólares, será la mayor en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos.
La decisión abre la puerta a lo que se prevé será una larga batalla legal entre la Isla y sus acreedores, entre los que se cuentan los principales fondos de riesgo y fondos mutuales, y donde un juez federal podría forzar a los acreedores a aceptar términos de reembolso desfavorables.
En una carta enviada el 2 de mayo a la Junta de Supervisión informándo de su decisión sobre la restructuración de la deuda, Roselló dice que su Gobiernosigue dispuesto a buscar un diálogo de buena fe y a abrir la contabilidad fiscal de Puerto Rico a los acreedores.
Pero, el gobernador destaca que los acreedores «no han demostrado suficiente disposición a compartir justamente los sacrificios mediante una reducción necesaria en su deuda a un nivel sostenible».
Puerto Rico continuará pagando unos US $800 millones de dólares cada año por el servicio de la deuda, un recorte del 80% del total anual, en cumplimiento al plan fiscal establecido por la Junta de Supervisión.
El anuncio del proceso de restructuración de la deuda tiene lugar en la víspera del vencimiento de una orden judicial que suspendió las demandas contra la Isla, y protege automáticamente de litigaciones a Puerto Rico.
El analista Ted Hampton del Servicio de Inversiones Moody’s, citado por CNBC, dijo que «un procesjo judicial tomará un tiempo considerable y posiblemente involucrará pérdidas para todos los bonistas de Puerto Rico», pero aclara que será un proceso ordenado que «será mejor para los acreedores» que un período caótico e incierto con numerosas demandas entre los acreedores de los distintos tipos de deuda del Territorio».
Fuente: voanoticias.com