La informalidad los hace trabajar sin contrato, pensión ni seguro social. Seis de cada 10 mexicanos viven y trabajan al día y sin poder asegurarse un colchón económico; por ello la informalidad es uno de los mayores problemas laborales en el país.
Melchor García tiene 65 años y trabaja de bolero en Polanco y Anzures, dos barrios acomodados de la Ciudad de México, ganando unos 300 pesos al día. Cerca de los sesenta tuvo que cambiar de oficio porque perdió su anterior empleo; ayudaba a estacionar automóviles en la vía pública.
“Sí me preocupa el futuro, de cuando deje esto porque ya no pueda moverme”, relata, que se mueve en bicicleta con una pequeña caja donde guarda los utensilios de limpieza y un taburete.
Sus preocupaciones son similares a las de los 29.8 millones de trabajadores informales que contabilizó el país en 2016, el equivalente a 57.2% de la población ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Reina Méndez tiene 48 años y más de 30 trabajando en tianguis en la venta de productos para el cuidado personal.
Un trabajo cansado, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, que comenzó su padre y ahora también sigue su hijo, vendiendo entre los tres unos 900 pesos diarios.
“Como vamos al día, no podemos pensar en tener una pensión. En esto del comercio no recibes pensiones, ni ayudas”, explica la mujer, que goza de seguro gracias a su hija, pues en México se puede dar cobertura a familiares directos cuando uno tiene este seguro.
En ello coincide Héctor Alonso, de 35 años, hijo del propietario de un concurrido puesto de tacos que cuenta con varios ayudantes. “Un muchacho de aquí gana entre 250 y 300 pesos diarios (entre 13 y 16 dólares)”, describe el taquero.
Cuestionado sobre su futuro, afirma que de momento no se plantea el problema de no tener una pensión. Lo que importa ahora es el contante.
“Mientras uno venga a trabajar, hay dinero para los gastos. Y si un muchacho no quiere venir, es cosa de él. Ya sabrán ellos. (…) Cuando se trabaja en una fábrica no es más que el sueldo mínimo lo que ganan”, relata Héctor.
Ante el desempleo y los bajos salarios, “se tiene que buscar una alternativa, una estrategia de supervivencia”, y ello se ha traducido en una “presencia muy fuerte” de la economía informal, cuenta la profesora-investigadora Graciela Bensusán, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El caso de Rafael es también un ejemplo de informalidad, si bien por su condición migratoria no entre probablemente en las encuestas.
El joven tiene 28 años, es de Costa Rica y lleva tres años en México con una visa de estudiante.
Para mantenerse, y sin permiso de trabajo, da clases de danza en una academia. Trabajó también en publicidad e incluso como bailarín para un proyecto educativo de una institución privada, que le pagaba “bien y al corte” (en efectivo y sin necesidad de facturar).
Con los distintos empleos informales gana mensualmente entre cinco mil y seis mil pesos, pero vive con el miedo de ser denunciado, e incluso deportado, y anhela obtener el permiso de trabajo.
Buscan igualdad en su labor
Como cualquier otro trabajador; “ni más ni menos”. Así quieren ser tratadas las empleadas domésticas. Se trata de una reivindicación que puede parecer sencilla, pero que se complica en México, donde los empleadores rechazan firmar contratos y dejan a estas mujeres, en muchas ocasiones, en situación de desprotección.
En el país hay casi 2.4 millones de personas, en su inmensa mayoría mujeres (95%), que se dedican a esta tarea, en la que reina la inestabilidad y donde las nuevas tecnologías han encendido la alerta ante una posible mayor precarización del trabajo.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha llegado a alertar que en el país las trabajadoras domésticas tienen un estatus laboral que todavía tiene algunos elementos de “servidumbre y esclavitud”.
En un estudio realizado por la institución, una de cada siete reportó haber sufrido maltrato verbal y 7% maltrato físico.
Cansadas de sus condiciones laborales, un grupo de empleadas domésticas creó en 2015 el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), para exigir los mismos derechos que el resto de trabajadores del país y que se ratifique el Convenio 189 de la OIT para acabar con su discriminación.
Al sindicato actualmente están afiliadas alrededor de 150 personas (casi todas ellas mujeres) de entre 15 y 65 años, y abundan las madres solteras. En su mayoría, son mujeres que migraron a la Ciudad de México desde estados como Oaxaca, Chiapas y Puebla.
Para fomentar la firma de contratos, el Sinactraho presentó un contrato colectivo con el que establecieron, a través de una tabla, los salarios mínimos de las trabajadoras, dependiendo de las tareas que realicen.
Los jornaleros agrícolas, entre los más desprotegidos
Los 2.4 millones de jornaleros que trabajan de manera subordinada en el campo mexicano se encuentran entre los grupos laborales más desprotegidos del país, debido a sus largas jornadas de trabajo, bajos salarios y falta de prestaciones, coinciden especialistas consultados.
Sus jornadas diarias rebasan en muchas ocasiones las 10 o 12 horas, y de acuerdo con datos del Inegi, 50% de los jornaleros recibe entre uno y dos salarios mínimos y 38% uno o menos de uno.
También 80% de los jornaleros y 72% de las jornaleras carecen de prestaciones laborales como vacaciones y aguinaldo.
Las movilizaciones en 2015 en el Valle de San Quintín, Baja California, donde se asientan 60 mil jornaleros con sus familias, la mayoría indígenas de Oaxaca, evidenciaron la precariedad que sufren estos trabajadores y es una expresión de lo que ocurre a escala nacional, opinó Jorge Romero León, representante en México y Centroamérica de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Aunque formalmente los jornaleros están caracterizados en la Ley Federal del Trabajo como trabajadores del campo, en los hechos sufren desprotección por el Estado.
Adicional, hay escasa responsabilidad social de las empresas productoras y exportadoras agrícolas y de la sociedad en su conjunto: “no reparamos si nuestros alimentos se obtienen con trabajo vulnerado o esclavo”, agregó el especialista.
En política federal, dice Isabel Margarita Nemecio, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, lo que hay es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), cuya población potencial (trabajadores y sus familias) aumentó de 2008 (dos millones 896 mil) a 2016 (cuatro millones 552), pero con disminución de 84% de población atendida. En 2015 el PAJA atendió sólo a 103 mil 140 personas.
Además el PAJA ha tendido a la baja en sus recursos presupuestarios y ha dejado de hacer labores fundamentales como es el registro de datos básicos de los jornaleros migrantes en estados receptores.
Los jornaleros migrantes se mueven por 19 estados del país y los flujos han tendido a crecer en los 15 años recientes.
Los jornaleros de San Quintín han visto frutos de su movilización de 2015, pero limitados, pues han aumentado salarios.
Una vida en la limpieza
Cristina María Gálvez es un ejemplo de la fragilidad en la que se mueve este gremio. Cuando cumplió la mayoría de edad comenzó a trabajar con su madre de planta hasta que, veinte años después, murió su patrona, con lo que se quedó “sin trabajo y sin techo”.
Actualmente, a sus 48 años, se encarga de la limpieza de dos casas. Antes tenía cuatro, pero dos de sus empleadoras prescindieron de sus servicios porque se cambiaron de casa.
“Si tuviera toda mi semana de lunes a viernes sería maravilloso, así no me estaría apretando las manos, o diciendo ‘híjole’, ya va a llegar la renta”, comenta Cristina.
Normalmente, por un día de trabajo cobra 350 pesos, tarifa que ha ajustado porque “otra vez” subieron los precios, incluido el del pasaje del transporte público que utiliza todos los días para desplazarse desde su casa en el sur de la capital mexicana, donde vive con su hijo de 12 años.
Asegura que no se ha planteado dedicarse a otra cosa, por ejemplo, a trabajar en una tienda: “Yo estudié muy poco y para las cuentas no soy muy buena, por eso me da miedo, aunque si no me quedara otra, de aventarme, me aviento”, afirma.
Tendencia riesgosa
PIB. De acuerdo con datos del Inegi, en 2015 la economía informal representó 23.6% del Producto Interno Bruto.
Registro. De este porcentaje, 11.3 % corresponde a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios.
Amparo. El restante 12.3% salía de las otras modalidades de informalidad, que refieren a todo trabajo que, sin ser micronegocios, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional.
Definición. Tomando la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Inegi considera economía informal unidades como micronegocios, la agricultura de subsistencia o el servicio doméstico remunerado.
Desprotección. También las variedades de trabajo ligadas a unidades económicas registradas o formales, pero que desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.
Fuente: El Informador
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