Un tribunal federal ordenó la inmediata libertad de Elba Esther Gordillo, debido a que la Procuraduría General de la República no aportó pruebas que demuestren que la maestra es responsable del delito de defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos, cometido en el ejercicio fiscal de 2008.
Éste es el segundo, de tres juicios, que pierde la PGR contra la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Elba Esther permanecerá por el momento en prisión, hasta en tanto se resuelve el juicio más importante de los tres que emprendió en su contra la Representación Social de la Federación, luego de que la acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.
Sin embargo, como ocurre en otros casos donde la PGR sufre tropiezos, es probable que la institución pueda consignar un nuevo expediente por otros delitos. Asimismo, se ha opuesto a que Elba enfrente su proceso penal en prisión domiciliaria.
La titular del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, Graciela Santés Magaña, acató el fallo dictado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien otorgó un amparo a la maestra y ordenó su libertad.
En el expediente del Tribunal Colegiado se señala que «no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparado por el que se emitió la resolución reclamada».
«De esa manera, al no haber prosperado los agravios planteados en la revisión adhesiva; aunado a que ha quedado evidenciado que el (Cuarto) tribunal responsable violó en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad que enmarca el diverso de estricto derecho, contenido en el numeral 16 de la Constitución General de la República, ante la incomprobación del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada calificada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación [vigente al momento de los hechos], y sancionado en la fracción III del diverso numeral 108, del mismo ordenamiento legal; lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder a la quejosa la protección constitucional».
Por esa razón, el Cuarto Tribunal Unitario dejó insubsistente su resolución de 15 de diciembre 2014, y revocó el auto de formal de prisión dictado por el juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales.
La magistrada dictó el auto de libertad «por falta de elementos para procesar, ante la incomprobación del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada calificada».
Fuente: Milenio