Los lavaderos

Carlos Ferreyra Carrasco

Vaya un modesto reconocimiento al portal moreliano Changoonga por suspender actividades durante 24 horas en protesta por la muerte de seis periodistas en lo que va del año.

Y un desatento reclamo al presidente Enrique Peña Nieto, al que fue necesaria la protesta colectiva de periodistas acreditados en la fuente de Los Pinos, para que se diera cuenta, a cuatro años de iniciado su gobierno, de la serie de asesinatos contra informadores, que merecen, por lo menos, “un minuto de silencio”.

Insuficiente para los allí presentes que reclamaron expedientes abiertos y nunca concluidos, retiro de presupuesto para el órgano dedicado a la protección de periodistas, para la impersonal solidaridad con el gremio y por repetir, una y mil veces, que habrá castigos, habrá culpables y se garantizará libertad de expresión: “tengan certeza de que estos crímenes no quedarán impunes…”

Frase sacramental con la que gobernadores y ahora el presidente, dan por cancelado todo compromiso con las víctimas que, según Raymundo Riva Palacio,  en la gestión de Peña Nieto alcanza 261 asesinatos contra sacerdotes, líderes sociales, presidentes municipales y periodistas.

En su página Eje Central advierte que periodistas y sacerdotes son los más atacados. Los informadores, de acuerdo con Artículo 19, organización no gubernamental para la defensa del gremio, son víctimas en mayoría de funcionarios públicos y no del narcotráfico¸ aunque método usual en el sector justicia, es relacionar al periodista con traficantes de drogas.

En 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y sólo 17 del lado de la delincuencia organizada. Aunque no lo señala, es posible que las acciones de los segundos hayan tenido mayores consecuencias, el asesinato de quienes querían acallar, lo que no reduce la importancia de los números en los que se sustenta la información, que precisa aumento del 35 por ciento de agresiones a informadores en relación con el año anterior. Sólo por cuenta de los gobernantes.

Hemos advertido la poca importancia que tiene para los dueños de los medios la muerte de un periodista. No hubo caos por el asesinato de Manuel Buendía ni lo ha habido por los crímenes sucedidos a la fecha. Protestamos, cierto, nos desgarramos el alma, pero al paso de los días se olvida. Véase la muerte de las víctimas de Javier Duarte, le atribuyen 22 asesinatos, cuántos son recordados y cuántos se resolvieron.

En los llamados medios impresos nacionales, hay una muestra representantiva de lo que significamos las infanterías para los propietarios de tales negocios, que además así son presentados en los escritos propios: negocios en los que es importante, imprescindible, la publicidad. El reportero se sustituye sin mayor agobio, hay demasiados desempleados en el gremio.

De once diarios circulantes en la capital, sólo dos minimizaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto. Y con razón: “Impunidad en crímenes, lo que más indigna: Peña”.

Así tituló su cabeza principal Milenio dando por sentado que el mandatario se siente agobiado por la impunidad imperante en el país, especialmente en los crímenes contra periodistas de los que dicen, no sé cuáles, de los 117 que publicamos ayer entre 2000 y el año actual y que organismos internacionales sitúan en 156, sólo han sido resueltos tres.

Y de los asesinatos del sexenio, oscilan, según origen de la versión, entre 38 y hasta 45. Ninguno resuelto, de hecho ni siquiera investigado. De nuevo, si los medios no limitan las declaraciones del presidente, no habrá modo de presionar para que se tome, en serio, el combate a los asesinos de informadores. Y para el registro de Los Pinos, no hay restricciones a la libertad de expresión porque los periodistas no las aceptan… y por eso se mueren, o los matan.

…entre huachicoleros…

Si las autoridades investigaran los sitios donde incendiaron gasolineras a propietarios que se negaron a participar en el huachicoleo, verían que  los expendios fueron reabiertos con nuevos dueños, curiosamente funcionarios –inspectores—de Pemex encargados de vigilar que no haya compra de combustible robado. Hay muchos casos, si quieren encontrar la punta de la hebra.

…y por no dejar…

Resulta enternecedora la actitud del juez centavero que concedió un amparo a la diputada jarocha filmada mientras agarraba dinero para la campaña del Peje y para enchuecar un dictamen legislativo a favor de un empresario que le agradece: “qué bueno que sólo fue un millón de los tres y medio en que habíamos quedado… gracias, diputada”.

El juez decidió que no se puede dar información pública del proceso al que será sometido la ratera, aunque hablamos de un acto público con una funcionaria dizque representante popular encausada por un acto de delincuencia común. Pero no hay que inquietar al preciso, no se trata de corrupción  ni colusión entre legisladora y juzgador. Es sólo un trato entre iguales… todos.

carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com