Benjamín Torres Uballe
En México, el gobierno adolece la terrible incapacidad de prevenir situaciones, por más que estén a la vista de manera reiterada y reclamen atención urgente. Los intereses de la clase política y las corruptelas ancestrales tan adoradas han formado un entramado de tal dimensión que no les permiten “querer” advertir ciertos aspectos lesivos que afectan a la sociedad. La prevención está ausente en la agenda gubernamental, lo hemos visto a través de la historia reciente.
Lo anterior viene a colación por las ejecuciones de periodistas, que se han vuelto perniciosa costumbre en nuestro país. Según el organismo Artículo 19, tan sólo del año 2000 hasta lo que ha transcurrido del presente, 105 comunicadores fueron asesinados en la república mexicana.
Una cifra de terror, inaceptable desde cualquier óptica para la endeble democracia nacional. El grave problema de las agresiones a los profesionales del periodismo, como se ve, no es un asunto que se haya generado de la noche a la mañana. El gobierno, en sus tres niveles, conoce perfectamente la sangrienta problemática que enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión.
Tan sólo en lo que va del presente año han sido abatidos seis periodistas, poco más de uno por mes, si se permite la expresión. Y aquí destaca el desinterés y la sospechosa negligencia de las autoridades. La enorme mayoría de los crímenes permanece sin aclarar, es decir, en la más absoluta impunidad.
De nada sirven las cínicas y ofensivas declaraciones oficiales. Tampoco las “enérgicas condenas” de todos aquellos funcionarios que deberían garantizar seguridad a quienes se dedican a informar. A ellos hay que pedirles cuentas del pésimo trabajo que han hecho. Simplemente, esos burócratas —que viven muy bien de nuestros impuestos— se limitan a emitir —desde la comodidad de sus oficinas— boletines y tuits lamentando y expresando condenas que en nada ayudan. Tienen una deuda enorme con las familias, con el país, y es tiempo de que respondan por ello.
Muestra fehaciente del evidente desinterés de las altas esferas gubernamentales para prevenir las recurrentes agresiones contra el gremio periodístico es la deficiente “labor” que desarrolla la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, un ente que sirve para nada, excepto para colocar a incondicionales o amigos del procurador general en turno para que vivan desahogadamente del erario. Esto es también un crimen.
Y las responsabilidades no quedan en las instancias judiciales. La deprimente actitud de la cada vez más inservible Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es de enorme vergüenza. Dicho organismo se concreta a la comodina función de condenar sistemáticamente. Su opinión resulta, en los hechos, intrascendente.
Pero todo este conjunto de causas y razones parece tener sin cuidado a un agobiado equipo presidencial, más ocupado en otros problemas mayores —al menos así parece a la distancia—, como las elecciones en el Estado de México, o la justificada preocupación de perder la Presidencia en 2018. No obstante, dentro de su miopía política, pierden de vista que las noticias por las muertes de periodistas dan la vuelta al mundo de manera inmediata y exhiben a la actual administración priista como incompetente y demagógica, como un gobierno bananero.
Anticipar escenarios posibles es, en política, una capacidad obligatoria que no puede estar excluida de un buen mandatario y de quienes conforman el gabinete con el cual se toman decisiones. Así lo dicta la inteligencia, la ortodoxia administrativa, pero, sobre todo, el sentido común. Es imposible, por lo tanto, escudarse mezquinamente en una serie de excusas que nadie cree.
Increíblemente, en México el gobierno parece ir siempre detrás de la estrategia y artimañas de los delincuentes. Lo vemos en el combate al crimen organizado, donde ha sido superado ampliamente; también en la “ordeña” de los ductos de Pemex —lo cual se conoce desde hace décadas—; incluso en el largamente anunciado saqueo de funcionarios, hobby donde destacan los gobernadores.
Resulta, por lo tanto, una farsa grotesca que las autoridades y oportunistas del sector oficial se digan indignados por la ejecución del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán. Y lo es porque ya existía el antecedente de las agresiones que costaron la vida, este mismo año, a Cecilio Pineda, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach y Maximino Rodríguez Palacios. Así que, ¿dónde está la sorpresa? Las desgastadas “condenas” que lanzan en serie los gobiernos federal, estatales y municipales están de más. Se apreciaría que llevaran a cabo lo que es obligación inalienable: garantizar la seguridad a los periodistas, y a la sociedad en general. Ése es su trabajo. No las deplorables condenas ni el cúmulo de excusas, que de tan descaradas ofenden a los deudos.
Hoy, enviamos un abrazo solidario a la familia de Javier, un hombre al que sus colegas definieron con precisión: entrón, inteligente, luchón y generoso. Su impronta ahí queda: en sus libros, en sus reportajes e investigaciones periodísticas. Descanse en paz.
@BTU15